AntecedentesEn los últimos años la contratación pública ha sido reconocida cada vez más como un medio para que los Estados cumplan con sus obligaciones relativas a los derechos humanos y logren un desarrollo sostenible. Incluir requisitos dentro de la contratación pública para que los proveedores respeten los derechos humanos puede ayudar a prevenir violaciones de estos dentro de las cadenas de valor, incluyendo la esclavitud moderna, el trabajo infantil, la trata de personas, las jornadas laborales excesivas y las condiciones laborales inseguras. Dichos requisitos también son una parte crucial de la protección de los derechos humanos cuando se contratan los servicios de actores privados para la prestación de servicios públicos, por ejemplo, en las esferas de la salud, la educación y la justicia penal. Finalmente, los derechos humanos deben integrarse al diseño y la organización de las compras de Tecnología Informática, dada la creciente digitalización de los Estados y el surgimiento de la inteligencia artificial.
Además de evitar que ocurran violaciones a los derechos humanos en la cadena de valor, la contratación pública puede también promover los derechos de grupos vulnerables y en riesgo al favorecerlos o favorecer a las empresas que los protegen en los procesos de contratación pública.
La contratación pública es un componente esencial de la economía en general y brinda a los Estados una oportunidad significativa para influir en las cadenas de valor mundiales. La compra pública es un mecanismo a través del cual los Estados pueden incentivar e influir en las prácticas comerciales sostenibles del sector privado. De hecho, las empresas ya ven los requisitos de derechos humanos de los compradores públicos como una razón de peso para adoptar medidas que respeten tales derechos. En su calidad de mega consumidores, los Estados tienen el poder adquisitivo para establecer estándares que impliquen un giro en el mercado hacia estándares de práctica y competencia más humanas, y para garantizar la rendición de cuentas de los proveedores responsables de cometer abusos contra los derechos humanos, así como de reparar a las víctimas.(Instituto Danés de DDHH,
Impulsar El Cambio A Través De La Contratación Pública: Herramientas De Derechos Humanos Para Profesionales Y Responsables De La Formulación De Políticas De Contratación Pública, Marzo 2020)
PandemicaEn 2020 nos hemos enfrentado a una pandemia global que ha desafiado a la sociedad de muchas formas. Un gran desafío ha sido garantizar que los equipos de protección sanitaria estén disponibles para quienes prestan servicios públicos vitales, como máscaras y guantes de goma. Garantizar y mantener este suministro es tarea de los profesionales de la contratación pública. Sin embargo, es un trabajo muy difícil que conlleva una serie de desafíos, con claras implicaciones para los derechos humanos, como:
- ¿Deberían utilizarse las adquisiciones de emergencia para agilizar el suministro y relajar las normas normales sobre transparencia y responsabilidad durante una crisis de salud pública?
- ¿Podemos garantizar que los derechos humanos de los trabajadores de la cadena de suministro? ¿Debería ser esto una prioridad critica durante una pandemia?
AmericasLa Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) es un Mecanismo del Sistema Interamericano que provee cooperación técnica horizontal de alto nivel para generar y fortalecer vínculos entre sus miembros; promover el intercambio de recursos humanos, técnicos, financieros y materiales para la generación de conocimientos, experiencias y buenas prácticas en las compras públicas entre los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La RICG permite a los miembros compartir buenas prácticas, incluso sobre derechos humanos, y los desafíos enfrentados durante esta pandemia.
En el marco del “
proyecto Conducta Empresarial responsable en America latina y el Caribe” , el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos esta concluyendo un estudio sobre “Incorporar los estándares de derechos humanos en compras publica en America Latina y el Caribe”, que inicio en 2019.
Ese estudio explora el deber de los Estados de promover el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas comerciales con las que realizan transacciones comerciales, con especial atención a América Latina y el Caribe (ALC), a la luz de os Principios Rectores de las Empresas y los Derechos Humanos. El Principio Rector 6 señala que las actividades de contratación pública "ofrecen a los Estados -individual y colectivamente- oportunidades singulares de promover el conocimiento y el respeto de los derechos humanos por parte de esas empresas, teniendo debidamente en cuenta las obligaciones pertinentes de los Estados en virtud del derecho nacional e internacional".
En ese estudio, el Grupo de Trabajo busca hacer una contribución a ese respecto esbozando algunas consideraciones y recomendaciones de medidas concretas que los Estados deberían adoptar para poner en práctica el Principio 6 sobre la base de las normas internacionales y las buenas prácticas emergentes.
Ese estudio se basa sobre información recibida por parte de los Estados de la región y otros actores interesados, así como consultas multi-actores. Ese dialogo del V Foro regional permitirá completar la información. La publicación se hará en noviembre 2020.
Objetivos de la sesion- Esta sesión continua con el tema del foro de 2019 y analiza cómo la contratación pública puede ser un método para proteger y hacer realidad los derechos humanos.
- Esta sesión también analiza brevemente los impactos de la pandemia y cómo la contratación pública se puede utilizar para proteger y hacer realidad los derechos humanos durante una pandemia.
