VFororegionalLACBHR

Sesion preparatoria convocada por el Foro del Abya Yala, Consejo de Pueblos Atacameños (Chile), Confederación Mapuche de Neuquén (Argentina), Foro del Abya Yala, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) (Honduras); organizada por el Observatorio Ciudadano (Chile) y Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (Brasil, Colombia y México) y Oxfam, y apoyado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Proyecto CERALC) y la Fundación Heinrich Böll Cono Sur

La sesion se celebrara en espanol con intepretacion 

Breve descripcion

Un evento en línea, abierto a organizaciones de pueblos indígenas, para discutir con diversas organizaciones, redes indígenas y de la sociedad civil sobre el estado actual del impacto del Covid-19 en el contexto de las implicaciones de la aplicación (o inaplicación) del Convenio 169 de la OIT, en el 30º aniversario de su entrada en vigor, respecto de las actuaciones empresariales en sectores extractivos (petróleo, gas, carbón, minería metálica y de otros minerales), construcción, agronegocio y energía (hidroeléctricas, termoeléctricas, eólicas, solares), con una reflexión específica en el artículo 15º del Convenio (derecho a los beneficios del desarrollo), su conexión con el artículo 6º (consulta y consentimiento previo, libre e informado) y las posturas de pueblos indígenas de la región al respecto.

La agenda de las organizaciones de pueblos indígenas ha cambiado, al igual que la de las ONG a raíz de la pandemia del Covid-19. Como era de preverse, la discriminación histórica contra los pueblos indígenas respecto de su acceso al derecho a la salud, la marginación y discriminación quedó en evidencia con los graves impactos que el coronavirus está causando entre numerosos pueblos indígenas de Latinoamérica, con un devastador panorama en la Amazonía y los pueblos fronterizos. En medio de esta emergencia, muchos proyectos empresariales, con el apoyo de los gobiernos de la región, han aprovechado para iniciar, mantener o profundizar su intervención en proyectos que tienen lugar en territorios indígenas, expandiendo el coronavirus Covid-19 y poniendo en más riesgo a los pueblos que están confinados por las disposiciones de distanciamiento social y cuarentena, sin poder realizar sus actividades tradicionales para subsistir.
De otra parte, desde 1991, 15 Estados latinoamericanos han ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en cualquier lugar del mundo, constituyéndose en la mayoría de las naciones en adoptar este instrumento, surgido dentro del marco del Derecho Internacional del Trabajo.  Simultáneo a la lucha por un instrumento en el seno del Consejo de Derechos Humanos, que terminó con la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en 2007, los pueblos indígenas y afrodescendientes de Latinoamérica se han apropiado de esas herramientas para exigir que, en los proyectos que les afectan directamente, tanto por decisiones administrativas como legislativas de los Estados, se apliquen las disposiciones de la OIT 169, en particular referidos a la “consulta previa, libre e informada” (artículo 6º).
Algunas empresas consideran que, su obligación de respeto de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes implica un diálogo únicamente con determinados líderes y comunidades vinculadas de modo directo con su proyecto empresarial y rechazan que deban incluir a organizaciones indígenas y afros y, menos aún, a organizaciones ambientales, de derechos humanos o académicas que asesoran o representan casos de estos pueblos y son críticas a tales proyectos. Para ello, se amparan en las leyes nacionales o en mecanismos voluntarios establecidos por ellas mismas, a través de guías y lineamientos que apuntarán a la diligencia debida en sus operaciones.
Además, muchas veces, esos diálogos son meramente formales, sin respetar el tiempo, la forma, la cultura de los pueblos indígenas, aún menos sus protocolos de consulta. A menudo, las empresas no respetan ni siquiera decisiones judiciales con condicionalidades que protegen a los pueblos indígenas. Los riesgos de violaciones de derechos humanos contra pueblos indígenas y afrodescendientes se están aumentando por causa de esos proyectos en medio de la pandemia del Covid-19, con el apoyo de gobiernos de la región, que implementan políticas económicas que favorecen al sector empresarial en detrimento de los derechos humanos.
En los últimos años, algunas empresas, además, han establecido procesos de pagos a comunidades particulares, bien sea por medio de regalías, de beneficios compartidos por las ventas netas de los productos extraídos o por el arrendamiento de tierras para sus proyectos. Esos pueblos indígenas aceptan que no haya necesariamente procesos de consulta previa, libre e informada, porque parten de haber dado ya su consentimiento para la implementación de proyectos empresariales, generalmente extractivos, amparados en el artículo 15º del Convenio:
Artículo 15 1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. 2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos Convenio 169 de la OIT existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades. (negrillas añadidas).
El entendimiento sobre la frase “participar siempre que sea posible en los beneficios existentes en sus tierras” se ha interpretado de diferente manera. Por ejemplo, algunos liderazgos de esos mismos pueblos indígenas o afrodescendientes difieren del enfoque y la metodología empleadas por las empresas que efectúan tales pagos por usar o extraer recursos de sus territorios, por considerar que aún se mantiene la asimetría de poder entre dichas empresas y la población indígena o local, y que los pagos no pueden compensar el daño ambiental, social y cultural que representan las operaciones industriales de las empresas, en particular, por ejemplo, respecto del uso del agua.
En un complejo contexto de conflictos socioambientales en territorios indígenas y afrodescendientes, en el que las empresas deberían ir más allá del respeto de leyes que les favorecen, para incorporar en sus operaciones el marco obligatorio de los derechos humanos internacionalmente reconocidos, el diálogo entre las diversas posturas sobre el derecho a la participación, con ocasión del 30º aniversario del Convenio, busca escuchar los argumentos, los desafíos y las oportunidades que enfrentan en estos momentos los pueblos indígenas y afrodescendientes en su relación con empresas y gobiernos, dirigido a producir una postura conjunta, en la forma de una Declaración Pública, que pueda servir como referente para las discusiones sobre empresas y derechos humanos que tendrán lugar en el Primer Foro Regional Latinoamericano y del Caribe sobre empresas y derechos humanos, previo al Foro mundial de la ONU sobre el mismo tema.

Objetivos

Escuchar, en el contexto de la emergencia creada por el Covid-19, las distintas

Sesión organizada por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y el Grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos

Breve descripción de la sesión:
La sesión proporcionará una visión general de los antecedentes, así como los elementos clave de los tres pilares de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (Principios Rectores). Asimismo, se proporcionará información acerca del procedimiento de comunicaciones para presentar información sobre presuntos abusos o violaciones de derechos humanos ante el grupo de trabajo, y se brindará orientación en relación con las distintas sesiones del Foro, donde se podrá profundizar el conocimiento sobre distintos desafíos en el tema.

Objetivos de la sesión:

• Permitir a los recién llegados al campo de las empresas y los derechos humanos obtener una buena comprensión de los Principios Rectores.
• Profundizar en las oportunidades y desafíos en relación con las obligaciones del Estado de proteger los derechos humanos, de las empresas de respetarlos y de ambos de ofrecer reparación en caso de violaciones a los mismos desde una perspectiva latinoamericana.
• Facilitar a las y los participantes la posibilidad de profundizar los conocimientos adquiridos en la sesión introductoria a través de enlaces con las diferentes sesiones de la agenda del Foro Regional.
• Proporcionar información práctica de diversos mecanismos de acceso a reparaciones en línea con los Principios Rectores.
• Brindar información práctica del Procedimiento de comunicaciones, y de cómo presentar al grupo de trabajo información sobre presuntos abusos o violaciones de derechos humanos para su consideración.

Formato de la sesión:
La sesión estará compuesta por cinco bloques interactivos con presentaciones PowerPoint con espacio para preguntas del público.
Parte 1: Pasado, presente y futuro de los Principios Rectores (30 minutos)
Parte 2: Pilar II - Debida diligencia en materia de derechos humanos (30 minutos)
Parte 3:Pilar I - Obligaciones estatales en contexto latinoamericano (30 minutos)
Pausa café virtual (15 minutos)
Parte 4: Pilar III - Acceso a reparación (30 minutos)
Parte 5: Taller práctico de cómo presentar comunicaciones ante el Grupo de trabajo (30 minutos)

Antecedentes del debate:
Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos: Puesta en Práctica del Marco de las Naciones Unidas para “Proteger, Respetar y Remediar” son un conjunto de 31 principios dirigidos a los Estados y las empresas en los que se aclaran los deberes y responsabilidades de unos y otras con respecto a la protección y el respeto de los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales, y al acceso a un remedio eficaz para las personas y grupos afectados por dichas actividades.[1] 
El Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos  para América Latina y el Caribe ofrece un espacio único para el diálogo entre los gobiernos, las empresas, la sociedad civil, los grupos afectados, las organizaciones de trabajadores y las organizaciones internacionales en relación con las tendencias, los desafíos y las buenas prácticas en la prevención y el abordaje de las consecuencias negativas sobre los derechos humanos relacionados con las empresas. El Foro proporciona una plataforma a través de la cual una amplia gama de actores intercambian periódicamente información sobre el progreso y los desafíos relacionados con los marcos jurídicos e institucionales de los Estados, las políticas empresariales y las iniciativas a nivel industrial y multiactor en materia de empresas y derechos humanos, en una de las regiones más dinámicas del mundo en esta temática. El Foro ofrece también un espacio a través del cual las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades locales, los pueblos indígenas y la academia pueden compartir sus experiencias y preocupaciones en relación con los impactos de las actividades empresariales.
El Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas (también conocido como el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos) fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos en 2011 (resolución 17/4). El Grupo de Trabajo está integrado por cinco expertos independientes, de una representación geográfica equilibrada. El Consejo renovó el mandato del Grupo de Trabajo en 2014 (resolución 26/22), en 2017 (resolución 35/7) y en 2020 (resolución 44/15).

[1] Oficina de la Alto Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Preguntas Frecuentes acerca de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, 2014. Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQ_PrinciplesBussinessHR_SP.pdf.

Descripcion breve

La región latinoamericana enfrenta desafíos importantes en la realización del derecho a la
reparación por vulneraciones de derechos, en especial aquellas producidas recientemente o en años
pasados y están relacionadas a las actividades de empresas de negocios. Impactos negativos
importantes se han producido en relación a derechos como la salud, agua y tierra, derechos de
pueblos indígenas, y derechos laborales. Estos hechos involucran todo tipo de empresas y también
muchas veces a los Estados. Destacan por su gravedad y frecuencia los impactos causados por
industrias extractivas, muchas de ellas parte de grupos empresariales con sede en terceros países. El
conflicto social resultante agrava estas situaciones, adicionando complejidad y gravedad a la
situación. La complejidad de la organización de las empresas y de sus operaciones exacerba los
obstáculos existentes al acceso a la justicia.
El derecho internacional de los derechos humanos, especialmente los tratados de derechos
humanos, reconocen el derecho de cada persona a un recurso efectivo y reparaciones en caso sus
derechos sean vulnerados. La Convención Americana de Derechos Humanos reconoce el derecho de
toda persona al debido proceso ante un juez independiente e imparcial en la determinación de sus
derechos y obligaciones (art 8), así como el derecho a la tutela judicial contra actos violatorios de
derechos reconocidos en la legislación nacional o la Convención Americana.
La centralidad de estos derechos se ve reflejada también en los Principios Rectores sobre empresas y
derechos humanos (Principio 25) el cual recuerda a los Estados que deben “tomar medidas
apropiadas para garantizar, …que cuando se produzcan ese tipo de abusos en su territorio y/o
jurisdicción los afectados puedan acceder a mecanismos de reparación eficaces.” De manera
complementaria, el Principio 26 llama a los Estados a tomar medidas para superar “los obstáculos
legales, prácticos y de otros tipos que puedan conducir a una denegación del acceso a los
mecanismos de reparación.”

En este contexto, las judicaturas de varios países han tenido que conocer y decidir casos complejos
relacionados a los impactos en los derechos humanos del accionar de las empresas, garantizando acceso a la justicia y reparaciones para los demandantes que incluyen comunidades indígenas,
trabajadores, y sus asesores o defensores que muchas veces son objeto de amenazas y ataques por
su trabajo. Una serie de decisiones judiciales han sido innovadoras e influyentes dentro del país y
fuera de él aunque han habido pocos esfuerzos de sistematización de esas buenas prácticas en la
región.
El encuentro y diálogo entre jueces que se plantea intenta contribuir a llenar un vacio en este
campo, brindando a jueces de alto nivel de la región que han tenido experiencia en casos
relacionados a impactos de empresas sobre los derechos humanos la oportunidad de compartir esa
experiencia (jurisprudencia, medidas procesales, protocolos internos o análisis) con otros jueces de
la región para fomentar el aprendizaje mutuo. Se espera que esta actividad coadyuvará a que las
judicaturas de la región cumplan mejor con su labor y responsabilidades en la administración de
justicia en relación a la reparación en casos de vulneraciones por las empresas.
El encuentro tiene lugar en el contexto del 5to Foro regional sobre empresas y derechos humanos
sirve para que los gobiernos, las empresas y los actores de la sociedad civil intercambien
periódicamente información sobre el progreso y los desafíos relacionados con los marcos jurídicos e
institucionales de los Estados, las políticas empresariales y las iniciativas a nivel industrial y
multiactor en materia de empresas y derechos humanos. Este año, en el contexto de las respuestas
al COVID-19, el Foro regional se llevará a cabo por primera vez de manera virtual.

Objetivos 

En consonancia con los objetivos del Foro Regional, el Diálogo planteado entre miembros de
judicaturas Latinoamericanas, tiene como objetivos:
1. El intercambio de información y experiencias sobre los desafíos y la identificación de
ejemplos de los avances de la judicatura en garantizar el acceso a la justicia y la reparación
por los impactos empresariales negativos en los derechos humanos;
2. El intercambio de desafíos encontrado y la identificación de medidas de efecto positivo en
asegurar un relacionamiento constructivo entre gobiernos, empresas y actores sociales,
incluidas las medidas de protección de los defensores de derechos humanos frente a
posibles represalias

Formato 

La reunión que será virtual (debido al COVID-19) durará un total de 3 horas y se desarrollará en dos
partes. La primera estará destinada a la discusión sobre los desafíos y avances en la garantía del
derecho a la justicia y reparación en el contexto de actividades empresariales. Esto incluye la
búsqueda de reparaciones en el contexto de procesos de justicia transicional en relación a los
crímenes cometidos en el pasado en algunos países. La segunda parte se enfocará en los desafíos y
avances en la protección y garantía de los derechos de los defensores de derechos humanos y del
medio ambiente que trabajan en relación a las actividades de las empresas de negocios.
Los jueces y magistrados participantes tendrán la oportunidad de compartir sus decisiones y
sentencias u otros ejemplos de desafíos y avances sobre estos temas en su respectivo país. Un
delegado/relator llevará lo esencial de las discusiones a la sesión plenaria sobre justicia y
reparaciones del Foro Regional.

Participantes

El evento se dirige a jueces y magistrados de alto nivel de la región. Con el objetivo de asegurar un
espacio de intercambio y la discusión en un marco de seguridad y confianza para los participantes, el
evento no estará abierto a la participación pública.
Sobre la CIJ
Integrada por 60 eminentes jueces y abogados de todas las regiones del mundo, la Comisión
Internacional de Juristas (CIJ) promueve y protege los derechos humanos a través del Estado de
Derecho, utilizando su singular experiencia jurídica para desarrollar y fortalecer los sistemas de
justicia nacionales e internacionales. Establecida en 1952 y activa en los cinco continentes, la CIJ
tiene como objetivo asegurar el desarrollo progresivo y la implementación efectiva de los derechos
humanos internacionales y el derecho internacional humanitario; asegurar la realización de los
derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales; salvaguardar la separación de poderes; y
garantizar la independencia del poder judicial y la abogacía.

Sesión organizada por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBSCD) 

Breve descripción de la sesión
Esta sesión busca sensibilizar a los representantes empresariales sobre los UNGP y promover una discusión sobre cómo aumentar el compromiso de los altos ejecutivos de empresas en la promoción del respeto empresarial por derechos humanos. Los directores ejecutivos con visión de futuro compartirán sus experiencias, discutirán desafíos y soluciones, al mismo tiempo que llamarán a sus pares a la acción en materia de derechos humanos.

Objetivos de la sesión
Los objetivos de este evento incluyen:
• Sensibilizar gerentes empresariales comerciales sobre el business case y la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos en línea con los UNGP.
• Discutir el estado de empresas y derechos humanos a nivel mundial y, en particular, en América Latina y el Caribe, incluidas las tendencias y los desarrollos en la regulación y las expectativas de las partes interesadas.
• Enfatizar la importancia del respeto empresarial por los derechos humanos en eventos del cisne negro como la pandemia COVID-19.
• Resaltar el papel del liderazgo empresarial y las acciones que los líderes empresariales pueden tomar para promover el respeto empresarial de los derechos humanos.

Preguntas clave de la discusión
• ¿Qué papel juegan las y los altos ejecutivos de negocios en la promoción del respeto por los derechos humanos en sus empresas y más allá?
• ¿Qué acciones pueden tomar las y los altos ejecutivos de empresas para incorporar el respeto por los derechos humanos en las actividades y relaciones comerciales?
• ¿Cómo pueden las asociaciones empresariales promover el respeto empresarial de los derechos humanos y la agenda empresarial y de derechos humanos?

Formato de la sesión
Online session with presentations and 2 panel discussions.

Antecedentes de la discusión
Entre el 7 y el 11 de septiembre 2020 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) organiza el 5° Foro Regional de Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe. El tema del Foro Regional es “Hacer realidad una conducta empresarial responsable en tiempos difíciles: convertir los desafíos en oportunidades”.
Desde su adopción en el 2011, los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (United Nations Guiding Principles on Business & Human Rights, UNGP, en inglés) se han vuelto en el marco de referencia para asegurar el respeto por los derechos humanos en las operaciones y relaciones comerciales de las empresas. A pesar de la creciente aceptación de los Principios Rectores por parte del sector privado, es necesario mejorar la velocidad y la profundidad a la que los UNGP se están traduciendo en prácticas empresariales significativas.

Participantes
Representantes empresariales y organizaciones del sector privado.
En particular, directores ejecutivos y gerentes de gestión de riesgos, cumplimiento, finanzas, relaciones con inversores, sostenibilidad / derechos humanos, responsables de relaciones con partes interesadas.

Sesión organizada de forma conjunta por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del continente Americano (RINDHCA) y la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO).

Note: concept note in English enclosed.

Sumario de la sesión

La sesión regional tiene como objetivo intercambiar y reflexionar sobre las buenas prácticas y herramientas entre las INDH de ALC para encontrar formas innovadoras para promover el respeto de los derechos humanos por el sector empresarial, incluso en momentos difíciles como el contexto actual. El COVID-19 y sus secuelas están teniendo y tendrán un impacto significativo en los derechos humanos, tanto aquellos impactos generados directamente por la pandemia como las respuestas o las omisiones de los Estados y las empresas en este contexto. Las INDH han sido llamadas para ejercer un rol significativo en la identificación de estos impactos, su monitoreo y la adopción de estrategias para afrontarlos.

Objetivos de la sesión

El objetivo general de esta mesa redonda será explorar el papel y la práctica existentes de las INDH en la implementación de los PRNU y otros instrumentos internacionales relevantes de CER, incluso en contextos como los de la pandemia. Además, este diálogo busca aumentar la colaboración transfronteriza entre las INDH y organizaciones como GANHRI, FIO y RINDHCA.

En términos generales, los mecanismos habituales con que las INDH han abordado las situaciones de derechos humanos en sus países se han modificado drásticamente por el contexto de COVID-19. En particular, esta mesa redonda buscará enfocarse en las medidas y mecanismos tomados por las diferentes INDH para adaptar sus acciones en términos de monitoreo de los diversos temas de derechos humanos y, en particular, la recepción de quejas y denuncias durante el contexto de COVID-19. Este énfasis surge como respuesta a la necesidad de adaptarse a los requerimientos actuales de las INDH en la región, así como a compartir prácticas emergentes que pueden ser útiles para que las INDH respondan a los contextos de sus países.

La sesión propone adoptar una metodología que facilite el diálogo abierto y entre pares. Se busca que, tras la exposición de las prácticas por parte de las INDH, se fortalezcan las alianzas regionales. Se plantearán además algunas preguntas generadoras para motivar la discusión plenaria. Finalmente, las personas moderadoras recogerán y compartirán algunas de las principales discusiones y conclusiones.

Público participante

El evento está abierto a: representantes de las INDH y sus redes regionales e internacionales, Estados miembros de la ONU, organismos y agencias de la ONU, organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos, empresas, asociaciones industriales, sindicatos, académicos y abogados. Se propone la intervención particular de las INDH para exponer las formas y mecanismos en los que se han adaptado en el contexto actual de la pandemia por COVID-19 y cómo han continuado su trabajo de manejar quejas y monitorear casos.

Formato y metodología

Para alcanzar los objetivos del evento, el programa incluirá unas breves presentaciones de algunas INDH de la región y otros expertos, seguidas de comentarios y preguntas del público. La mesa redonda regional se llevará a cabo previo al inicio del Foro, el día 7 de septiembre, con el fin de alimentar la discusión durante el Foro.

Agenda de la sesión

Introducción

1. William Vega, OACNUDH. Introducción de la sesión (3 minutos);

2. Cecilia Bernuy Oviedo, Secretaría técnica RINDHCA. Ideas iniciales (5 minutos)

3. Carmen Comas-Mata Mira, Secretaría técnica FIO. Palabras iniciales de bienvenida (5 minutos).

4. Freddy Carrión, Defensor, Defensoría del Pueblo de Ecuador, Candidato a Presidente de la Alianza Global de Instituciones de Derechos Humanos. (5 minutos)

5. Elin Wrzoncki, Instituto Danés de Derechos Humanos, Directora de Empresas y Derechos Humanos (5 minutos)

Presentación de las lecciones aprendidas, prácticas promisorias y buenas prácticas en la supervisión de la conducta empresarial responsable (40 minutos).

1. Freddy Carrión, Defensor, Defensoría del Pueblo de Ecuador. (5-7 minutos)

2. Nadia Cruz, Defensora, Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia. (5-7 minutos)

3. Augusto Jordán Rodas Andrade, Procurador, Procuraduría de los Derechos Humanos / Presidente FIO (Guatemala) (5-7 minutos)

4. José Apolonio Tobar, Procurador, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos / Secretario General RINDHCA (El Salvador) (5-7 minutos)

Discusión plenaria (30 minutos)

- ¿Cuáles son las barreras que afrontan las INDH para realizar su mandato en el contexto del COVID-19 frente a las actividades empresariales?
- ¿Pueden las INDH ejercer su mandato virtualmente en realidades como las de América Latina y El Caribe?
- ¿Cuáles son las prácticas promisorias de las INDH en la supervisión de la prestación de servicios públicos y administrados por empresas privadas en el contexto virtual actual?
- ¿Cómo las INDH pueden responder para proteger a las víctimas, los titulares de derechos y las personas defensoras en América Latina y el Caribe en el contexto de la pandemia?

Presentación de las conclusiones (10 minutos)

Cecilia Bernuy Oviedo, RINDHCA. (10 minutos)

Sesión organizada por la Union Europea, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Empresas y Derechos Humanos, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la Organización Internacional del Trabajo 

La sesión será celebrada en inglés y español, con interpretación al español, portugues y ingles. 

Breve descripción de la sesión 

A lo largo de los años, el Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe se ha convertido en una reunión clave sobre empresas y derechos humanos para los gobiernos, las empresas y la sociedad civil por igual, y en una de las reuniones sobre derechos humanos más importantes de las Américas. Proporciona una plataforma a través de la cual una amplia gama de actores pueden intercambiar periódicamente información sobre los progresos y los problemas relativos a los marcos jurídicos e institucionales de los Estados, las políticas empresariales y las iniciativas de la industria y de múltiples interesados, en una de las regiones más dinámicas en relación con el programa de empresas y derechos humanos (más información disponible aquí).
La sesión plenaria de apertura del V Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe ofrecerá perspectivas de liderazgo sobre el tema principal del Foro: la realización de la conducta empresarial responsable en tiempos difíciles. Entre otros objetivos, esta sesión busca proporcionar inspiración y ayudar a establecer el tono para un diálogo constructivo y orientado a la búsqueda de soluciones durante los cuatro días del Foro Regional. La sesión plenaria de apertura presentará las perspectivas de las principales partes interesadas, así como su visión, sobre la agenda de las empresas y los derechos humanos y la conducta empresarial responsable en la región, con especial atención a los desafíos agravados por la crisis del COVID-19 y las oportunidades para reconstruir mejor.
La sesión plenaria de apertura también trata de poner de relieve las oportunidades que ofrece el Proyecto “Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe” (Proyecto CERALC), implementado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el apoyo de la Unión Europea (UE). El Proyecto CERALC busca promover un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo en la UE y en América Latina y el Caribe, mediante el apoyo a prácticas de conducta empresarial responsable, en línea con los instrumentos de las Naciones Unidas, la OIT y la OCDE. El Proyecto proporciona un marco relevante crear un entendimiento común de los desafíos y las oportunidades para prevenir y abordar los impactos negativos relacionados con las empresas sobre las personas, el planeta, y la sociedad, lo cual se ha vuelto aún más importante en el contexto de la crisis generada por la pandemia de Covid-19 (véase la Declaración Conjunta "Uniendo fuerzas en América Latina y el Caribe para ayudar a minimizar la crisis del Coronavirus (Covid-19) y fomentar empresas responsables y sostenibles").

Session organized by the European Union, the Office of the United Nations High Commissioner  for Human rights (OHCHR), the Organization of Economic Co-operation and Development (OECD) and the International Labour Organisation (ILO) 

Session will be held in English and Spanish and interpreted to Spanish, Portuguese and English. 

Brief Description

Over the years, the Regional Forum on Business and Human Rights in Latin America and the Caribbean has become a key gathering on Business and Human Rights for Governments, companies and civil society alike, and one of the most important human rights meetings in the Americas. It provides a platform through which a wide array of actors can periodically exchange information on progress and challenges regarding States’ legal and institutional frameworks, corporate policies, and industry-level and multi-stakeholder initiatives, in one of the most dynamic regions in relation to the Business and Human Rights agenda (more information is available here).
The Opening Plenary Session of the V Regional Forum on Business and Human Rights in Latin America and the Caribbean will provide leadership perspectives on the main theme of the Forum: Realising Responsible Business Conduct in Difficult Times. Among other objectives, it seeks to provide inspiration and help set the tone for constructive and solution-oriented dialogue over the four Regional Forum days. The Opening Plenary Session will feature a range of key stakeholder perspectives and visions for the Business and Human Rights and Responsible Business Conduct agenda in the region, with a particular focus on the challenges that have been aggravated by the COVID-19 crisis and the opportunities to build back better.
The Opening Plenary Session also seeks to highlight the opportunities offered by the Project “Responsible Business Conduct in Latin America and the Caribbean” (RBC-LAC Project), implemented by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the International Labour Organisation (ILO), and supported by the European Union (EU). The RBC-LAC Project aims to promote smart, sustainable and inclusive growth in the EU and in Latin America and the Caribbean, by supporting responsible business conduct practices, in line with the instruments of the United Nations, the OECD and the ILO. It provides a relevant framework to build a common understanding of the challenges and opportunities to prevent and address business-related impacts on people, the planet, and society in the region, which has become even more crucial in the context of the crisis generated by the Covid-19 pandemic (see Joint Statement “Joining forces in Latin America and the Caribbean to help minimise the Coronavirus (Covid-19) crisis and foster responsible and sustainable businesses”).

La sesión será celebra en español y inglés con interpretación al español, portugués e ingles 

Breve descripción 

Representantes de Pueblos Indígenas y Pueblos Afrodescendientes sostuvieron eventos previos al foro regional con el fin de discutir con representantes de dichos grupos tradicionales de la región acerca de los desafíos y oportunidades en materia de respeto de derechos de los pueblos indígenas y de pueblos afrodescendientes en el marco de actividades empresariales. Una declaración ha sido elaborada como fruto de esas reunión que pretende reflejar la postura de pueblos indignas y pueblos afrodescendientes en esa materia, destacando los desafíos, oportunidades y solicitudes.

Brief Description
Representatives of Indigenous Peoples and Afro-descendant Peoples held events prior to the regional forum in order to discuss with representatives of such traditional groups of the region the challenges and opportunities regarding respect for the rights of indigenous peoples and Afro-descendant peoples in the context of business activities. A declaration was drafted as a result of these meetings that seeks to reflect the position of indigenous and Afro-descendant peoples on this issue, highlighting the gaps, opportunities, and requests.

Sesión organizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)

En idioma español, con interpretación simultánea al portugués e inglés.  
Concept note in English enclosed. Nota conceitual em português em anexo.

Breve descripción de la sesión
Esta sesión plenaria, organizada por la OACNUDH y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, brindará a los Estados de la subregión de América del Sur la oportunidad de compartir información actualizada sobre sus desarrollos nacionales de política pública sobre conducta empresarial responsable (RBC), incluidos sus compromisos en materia de Planes Nacionales de Acción (PNA) sobre empresas y derechos humanos, y la consiguiente implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU). Otras partes interesadas compartirán su evaluación sobre los progresos realizados y abordarán los principales retos y dificultades que enfrentan las instituciones públicas en materia de implementación.
El evento está dirigido a múltiples actores como empresas, instituciones públicas, organizaciones de sociedad civil, organizaciones sindicales, academia, instituciones nacionales de derechos humanos, entre otras.

Objetivos de la sesión

• Presentar los desarrollos en las políticas públicas sobre conducta empresarial responsable, de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
• Identificar los principales logros y obstáculos para la promoción de una conducta empresarial responsable a nivel nacional y regional.
• Profundizar sobre las acciones de gobierno vinculadas a ejes específicos como la generación de los Planes Nacionales de Acción, la aplicación de los PRNU en las empresas públicas, la creación de programas de compras públicas responsables, entre otros.

Preguntas clave de la discusión
¿Cuáles son los principales avances en materia de políticas públicas sobre conducta empresarial responsable que pueden encontrarse?
¿Cuáles son los principales obstáculos para que se extienda una conducta empresarial responsable en la región?
¿Qué políticas, programas o iniciativas han logrado mejores resultados para promover entornos que incentiven una conducta empresarial responsable?
¿Cuáles han fracasado y qué aprendizajes han dejado?
¿Cuáles son los desafíos pendientes para lograr que una conducta empresarial responsable sea la norma y no la excepción?

Formato de la sesión
Discursos introductorios sobre la importancia de un marco político propicio y de los procesos de múltiples partes interesadas

• Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
• Abel Gilvonio Cárdenas, Coordinador de la Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos en Perú.
• Alberto Echavarría, Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI)

Mesa redonda con representantes gubernamentales 

• Cecilia Meirovich, Dirección de Derechos Humanos, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Argentina 
• Alexandre Magno Fernandes de Moreira, Secretário Nacional de Proteção Global, Ministério da Mulher, da Familia e dos Direitos Humanos, Brasil
• Lorena Recabarren, Subsecretaria de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Chile
• Nancy Patricia Gutiérrez, Consejera Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Colombia 
• Verónica Aguilar, Directora de Derechos Humanos, Subsecretaria de Asuntos Multilaterales, Ecuador
• Daniel Sánchez, Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Perú 

Presentación y moderación

• Dante Pesce, Vicepresidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, y Director Ejecutivo del Centro Vincular de la Universidad Católica de Valparaíso-Chile.

Antecedentes
-UN Working Group on Business and Human Rights Guidance on NAP: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/UNWG_NAPGuidance.pdf

-Kit de herramientas sobre planes de acción nacionales de empresas y derechos humanos https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/hrb_2018/dihr_icar_nap_toolkit_may_15_2018_spanish.pdf

-Empresas y derechos humanos en América Latina y el Caribe: retos y oportunidades para la adopción e implementación de Planes de acción nacionales - DIHR: https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/billeder/empresas_y_derechos_humanos_en_america_latina_y_el_caribe.pdf

-Empresas y derechos humanos en América Latina: la experiencia de elaboración de los planes de acción en Chile, Colombia y México, Universidad Antonio Ruiz, Instituto de ética y desarrollo, Unión Europea: https://www.uarm.edu.pe/FondoEditorial/etica-desarrollo/empresas-derechos-humanos-america-latina#.XQs_tOgzbIU

-Rutas para la implementación del Plan nacional de acción en empresas y derechos humanos en el Perú- Memoria del conversatorio, Pontifica Universidad Católica del Perú: http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/133592/plan_empresas_v3-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sesión organizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)

En idioma español, con interpretación simultánea al portugués e inglés.  

Breve descripción de la sesión

Esta sesión plenaria, organizada por la OACNUDH y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, brindará a los Estados de la subregión Centroamérica y México la oportunidad de compartir información actualizada sobre sus desarrollos nacionales de política pública sobre conducta empresarial responsable (RBC), incluidos sus compromisos en materia de Planes Nacionales de Acción (PNA) sobre empresas y derechos humanos, y la consiguiente implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU). Otras partes interesadas compartirán su evaluación sobre los progresos realizados y abordarán los principales retos y dificultades que enfrentan las instituciones públicas en materia de implementación.

El evento está dirigido a múltiples actores como empresas, instituciones públicas, organizaciones de sociedad civil, organizaciones sindicales, academia, instituciones nacionales de derechos humanos, entre otras.

Objetivos de la sesión

• Presentar los desarrollos en las políticas públicas sobre conducta empresarial responsable, de Costa Rica, Panamá, México y Honduras.
• Identificar los principales logros y obstáculos para la promoción de una conducta empresarial responsable a nivel nacional y regional.
• Profundizar sobre las acciones de gobierno vinculadas a ejes específicos como la generación de los Planes Nacionales de Acción, la aplicación de los PRNU en las empresas públicas, la creación de programas de compras públicas responsables, entre otros.

Preguntas clave de la discusión

¿Cuáles son los principales avances en materia de políticas públicas sobre conducta empresarial responsable que pueden encontrarse?
¿Cuáles son los principales obstáculos para que se extienda una conducta empresarial responsable en la región?
¿Qué políticas, programas o iniciativas han logrado mejores resultados para promover entornos que incentiven una conducta empresarial responsable?
¿Cuáles han fracasado y qué aprendizajes han dejado?
¿Cuáles son los desafíos pendientes para lograr que una conducta empresarial responsable sea la norma y no la excepción?

Formato de la sesión

Presentación y moderación

• Alberto Brunori, Representante Regional para América Central y República Dominicana del
  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Discursos introductorios sobre la importancia de un marco político propicio y de los procesos de múltiples partes interesadas:

• Jorge Romero León, Director de Programas de OXFAM México.
• Guido Ricci, Director de Asuntos Laborales de la Cámara de Industria de Guatemala.

Mesa redonda con representantes gubernamentales:

• Victoria Hernández, Ministra de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica.
• Ramón Martínez de la Guardia, Ministro de Comercio e Industria de Panamá.
• Karla Cueva, Secretaria de Derechos Humanos de Honduras.
• Shirley Aguilar Barrera, Viceministra/Embajadora de Relaciones Exteriores de Guatemala. 
• Cristopher Ballinas Valdés, Director General de Derechos Humanos y Democracia, Secretaría de Relaciones Exteriores de México.  

Antecedentes

-UN Working Group on Business and Human Rights Guidance on NAP: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/UNWG_NAPGuidance.pdf

-Kit de herramientas sobre planes de acción nacionales de empresas y derechos humanos https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/hrb_2018/dihr_icar_nap_toolkit_may_15_2018_spanish.pdf

-Empresas y derechos humanos en América Latina y el Caribe: retos y oportunidades para la adopción e implementación de Planes de acción nacionales - DIHR: https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/billeder/empresas_y_derechos_humanos_en_america_latina_y_el_caribe.pdf

-Empresas y derechos humanos en América Latina: la experiencia de elaboración de los planes de acción en Chile, Colombia y México, Universidad Antonio Ruiz, Instituto de ética y desarrollo, Unión Europea: https://www.uarm.edu.pe/FondoEditorial/etica-desarrollo/empresas-derechos-humanos-america-latina#.XQs_tOgzbIU

-Rutas para la implementación del Plan nacional de acción en empresas y derechos humanos en el Perú- Memoria del conversatorio, Pontifica Universidad Católica del Perú: http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/133592/plan_empresas_v3-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Antecedentes

En los últimos años la contratación pública ha sido reconocida cada vez más como un medio para que los Estados cumplan con sus obligaciones relativas a los derechos humanos y logren un desarrollo sostenible. Incluir requisitos dentro de la contratación pública para que los proveedores respeten los derechos humanos puede ayudar a prevenir violaciones de estos dentro de las cadenas de valor, incluyendo la esclavitud moderna, el trabajo infantil, la trata de personas, las jornadas laborales excesivas y las condiciones laborales inseguras. Dichos requisitos también son una parte crucial de la protección de los derechos humanos cuando se contratan los servicios de actores privados para la prestación de servicios públicos, por ejemplo, en las esferas de la salud, la educación y la justicia penal. Finalmente, los derechos humanos deben integrarse al diseño y la organización de las compras de Tecnología Informática, dada la creciente digitalización de los Estados y el surgimiento de la inteligencia artificial.
Además de evitar que ocurran violaciones a los derechos humanos en la cadena de valor, la contratación pública puede también promover los derechos de grupos vulnerables y en riesgo al favorecerlos o favorecer a las empresas que los protegen en los procesos de contratación pública.
La contratación pública es un componente esencial de la economía en general y brinda a los Estados una oportunidad significativa para influir en las cadenas de valor mundiales. La compra pública es un mecanismo a través del cual los Estados pueden incentivar e influir en las prácticas comerciales sostenibles del sector privado. De hecho, las empresas ya ven los requisitos de derechos humanos de los compradores públicos como una razón de peso para adoptar medidas que respeten tales derechos. En su calidad de mega consumidores, los Estados tienen el poder adquisitivo para establecer estándares que impliquen un giro en el mercado hacia estándares de práctica y competencia más humanas, y para garantizar la rendición de cuentas de los proveedores responsables de cometer abusos contra los derechos humanos, así como de reparar a las víctimas.(Instituto Danés de DDHH, Impulsar El Cambio A Través De La Contratación Pública: Herramientas De Derechos Humanos Para Profesionales Y Responsables De La Formulación De Políticas De Contratación Pública, Marzo 2020)

Pandemica
En 2020 nos hemos enfrentado a una pandemia global que ha desafiado a la sociedad de muchas formas. Un gran desafío ha sido garantizar que los equipos de protección sanitaria estén disponibles para quienes prestan servicios públicos vitales, como máscaras y guantes de goma. Garantizar y mantener este suministro es tarea de los profesionales de la contratación pública. Sin embargo, es un trabajo muy difícil que conlleva una serie de desafíos, con claras implicaciones para los derechos humanos, como:
- ¿Deberían utilizarse las adquisiciones de emergencia para agilizar el suministro y relajar las normas normales sobre transparencia y responsabilidad durante una crisis de salud pública?
- ¿Podemos garantizar que los derechos humanos de los trabajadores de la cadena de suministro? ¿Debería ser esto una prioridad critica durante una pandemia?

Americas

La Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG) es un Mecanismo del Sistema Interamericano que provee cooperación técnica horizontal de alto nivel para generar y fortalecer vínculos entre sus miembros; promover el intercambio de recursos humanos, técnicos, financieros y materiales para la generación de conocimientos, experiencias y buenas prácticas en las compras públicas entre los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La RICG permite a los miembros compartir buenas prácticas, incluso sobre derechos humanos, y los desafíos enfrentados durante esta pandemia.
En el marco del “proyecto Conducta Empresarial responsable en America latina y el Caribe” , el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos esta concluyendo un estudio sobre “Incorporar los estándares de derechos humanos en compras publica en America Latina y el Caribe”, que inicio en 2019.
Ese estudio explora el deber de los Estados de promover el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas comerciales con las que realizan transacciones comerciales, con especial atención a América Latina y el Caribe (ALC), a la luz de os Principios Rectores de las Empresas y los Derechos Humanos. El Principio Rector 6 señala que las actividades de contratación pública "ofrecen a los Estados -individual y colectivamente- oportunidades singulares de promover el conocimiento y el respeto de los derechos humanos por parte de esas empresas, teniendo debidamente en cuenta las obligaciones pertinentes de los Estados en virtud del derecho nacional e internacional".
En ese estudio, el Grupo de Trabajo busca hacer una contribución a ese respecto esbozando algunas consideraciones y recomendaciones de medidas concretas que los Estados deberían adoptar para poner en práctica el Principio 6 sobre la base de las normas internacionales y las buenas prácticas emergentes.
Ese estudio se basa sobre información recibida por parte de los Estados de la región y otros actores interesados, así como consultas multi-actores. Ese dialogo del V Foro regional permitirá completar la información. La publicación se hará en noviembre 2020.

Objetivos de la sesion
- Esta sesión continua con el tema del foro de 2019 y analiza cómo la contratación pública puede ser un método para proteger y hacer realidad los derechos humanos.
- Esta sesión también analiza brevemente los impactos de la pandemia y cómo la contratación pública se puede utilizar para proteger y hacer realidad los derechos humanos durante una pandemia.

Antecedentes

Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) en junio de 2011, representan un hito fundamental en la evolución de los criterios normativos sobre la responsabilidad y la rendición de cuentas de los actores corporativos.
Tres años después de la adopción de los Principios Rectores, el CDH hizo un llamado a todos los Estados Miembros para desarrollar sus Planes de Acción Nacionales con el fin de apoyar la implementación de los Principios Rectores (de ahora en adelante PANs sobre empresas y derechos humanos o PANs). Este llamado se produjo tras similares desarrollos a nivel europeo. Además, la Organización de los Estados Americanos (OEA) han alentado a sus Estados miembros a que implementen los Principios Rectores y su Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los considera la “base conceptual dinámica y evolutiva (...) en el ámbito de las empresas y los derechos humanos”[1], recomendando a los Estados incorporar los estándares interamericanos en la elaboración de sus PANs, mientras que la Unión Africana (UA) está actualmente elaborando un marco político sobre empresas y derechos humanos. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos (UNWG, por sus siglas en inglés), establecido en 2011, alienta encarecidamente a todos los Estados a desarrollar, implementar y actualizar los PANs sobre empresas y derechos humanos, y para ello ha elaborado una guía destinada a gobiernos para su diseño[2] y otra para la incorporación de la perspectiva de género[3] tanto en PANs como en las actividades y mecanismos empresariales. Los líderes del G20 también han expresado su apoyo a los PANs.
En junio de 2014, el CDH adoptó una resolución para establecer un grupo de trabajo intergubernamental con la misión de explorar las opciones para la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular, en el derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales. Actualmente, existe un debate en curso entre los Estados y la sociedad civil mundial relativo a la vinculación entre los PANs sobre las empresas y los derechos humanos y el proceso de elaboración de un tratado. En la práctica, el desarrollo e implementación de los PANs es complementario a este proceso, ya que aquellos ofrecen una herramienta esencial para que los Estados cumplan con su deber de proteger los derechos humanos contra los impactos adversos de las empresas, articulado por los Principios Rectores y, a su vez, ayudando a avanzar en el desarrollo normativo a nivel global. Asimismo, los borradores 1 y 2 (“borrador revisado”) del tratado reconocen explícitamente el rol de los Principios Rectores en relación con la responsabilidad de empresas transnacionales y otras empresas de respetar los derechos humanos.
La adopción en septiembre de 2015 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, reconoce el papel de las empresas como un importante motor de crecimiento económico y de infraestructura, componentes necesarios para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), al mismo tiempo que exhorta explícitamente a las empresas a actuar de acuerdo con los Principios Rectores. La Agenda de Acción de Addis Abeba, que proporciona un marco global para financiar la implementación de la Agenda 2030, al alinear los flujos financieros y las políticas con las prioridades económicas, sociales y ambientales, también se refiere a los Principios Rectores como un marco clave para ayudar a lograr esta visión.[4]


Americas

A septiembre de 2020 hay 24 estados con planes de acción nacionales sobre empresas y derechos humanos, incluidos Chile y Colombia en América Latina. Varios de estos estados están ahora en el proceso de actualizar su plan nacional de acción integral, nuevamente, incluidos Chile y Colombia. Hay 16 estados que desarrollan planes de acción nacionales, incluidos Argentina, Honduras, México y Perú. También hay una serie de estados que están sentando las bases para iniciar un proceso de desarrollo de un plan de acción nacional, incluidos Costa Rica, Honduras, Guatemala y Nicaragua, entre otros.

Puntos claves
 
Un análisis inicial de los PANs para el período 2013-2018 identifica los siguientes hallazgos:
Participación de las partes interesadas en el proceso de desarrollo. Todos los Estados llevaron a cabo eventos con las partes interesadas y con titulares de derechos durante sus procesos de desarrollo de PANs, y todos, menos uno, involucraron tanto a las empresas como a la sociedad civil. El grado de participación de las partes interesadas y los titulares de derechos varió considerablemente, ya que, por ejemplo, 8 Estados tomaron medidas activas para involucrar a grupos de interés especiales y grupos en situación de vulnerabilidad (por ejemplo, pueblos indígenas y personas con discapacidad) y 8 Estados publicaron cronogramas sobre su proceso de desarrollo de PAN;
Evaluaciones nacionales de línea de base. 6 PANs contaron con una evaluación nacional de línea de base (ENLB) diseñada para identificar lagunas en la protección y conducir una priorización informada de acciones, metas y compromisos que conformen el PAN. De los 4 Estados adicionales que se comprometieron en su PAN a producir una ENLB, ninguno la ha completado aún (aunque algunos no tienen plazos y otros aún se encuentran dentro de los mismos);
Contenido de los PANs. La mayoría de los PANs se estructuran siguiendo los tres pilares de los PRs, o los 31 principios rectores. Todos los PANs, menos uno, abordan explícitamente las operaciones comerciales dentro del país, y todos, menos dos, abordan explícitamente las operaciones comerciales en el extranjero. 17 PANs comprometen al Estado a vincularse con otros Estados para compartir buenas prácticas y/o ayudar a desarrollar PANs. Muchos PANs abordan problemas que afectan a grupos en situación de vulnerabilidad titulares de derechos, pero ciertos grupos reciben menos atención que otros, incluidos trabajadores migrantes, personas con discapacidady pueblos indígenas.
Informes de seguimiento. 15 PANs comprometen a los Estados a proporcionar informes de seguimiento sobre la implementación de los compromisos del PAN. 5 estados han publicado esos informes a la fecha.
Rendición de cuentas. La rendición de cuentas efectiva se mejora cuando los puntos de acción en los PANs son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y de duración determinada (SMART, por sus siglas en inglés). Sin embargo, los puntos de acción en los PANs a menudo no cumplen completamente con estos requisitos. 9 PANs asignan la responsabilidad de las acciones a entidades claras y expresamente nombradas, 6 incluyen plazos para algunas o todas las acciones, 4 PANs incluyen indicadores explícitos o plazos en los cuales se deben completar las acciones. Ningún PAN contiene un presupuesto que cubra todas las acciones, sin embargo, un PAN se refiere a proporcionar el personal y el presupuesto necesario para el monitoreo.[5]



Mas informacion 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx

https://globalnaps.org/


[1] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Rela

A fin de permitir un intercambio más amplio de ideas y de información, el Foro incluirá por primera vez sesiones de "presentaciones instantáneas" en las que los/as participantes que hayan sido seleccionados/as podrán compartir sus proyectos o iniciativas con el público del Foro mediante presentaciones de vídeo o en vivo.

La presentaciones que forman parte de esta sesión han sido seleccionadas competitivamente de entre las distintas propuestas recibidas, y ofrecen una mirada plural de distintas iniciativas en curso llevadas a cabo por una pluralidad de actores y sobre una diversidad de temáticas.

SNAPSHOTS

This year’s Forum will accommodate only a limited number of plenary sessions. However, in order to enable a wider exchange of new insights and developments, the Forum will include for the first time “snapshots sessions” where selected participants will be able to share their projects or initiatives with the wider forum’s audience through video presentations or life.

The presentations featured in this session have been competitively selected from among the different proposals received, and offer a plural look at various initiatives being carried out by a plurality of actors on a diversity of topics.

AGENDA

• Introducción
• Presentación videos:

1. Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos en 10. "Empresas y derechos humanos: hacia una década de implementación global". Dante  Pesce - Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos.
2. Acuerdo de Escazú: Buena práctica desde el Programa de Defensa de Defensores y Defensoras de COICA. Milagros Roraima González Figueroa, Coordinadora técnica del Programa de Defensa de Defensores y Defensoras Indígenas, Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).
3. Derechos Humanos con enfoque de género en la minería artesanal y de pequeña escala. Natalia Uribe Martínez - Alianza por la Minería Responsable (ARM).
4. Proceso de defensa del territorio de la comunidad indígena de Unión Hidalgo. Juan Antonio López - Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC).
5. Acompañamiento a comunidades afectadas por impactos negativos a los derechos humanos por parte de Grupo México. Luis Andrés Franco Garza - Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
   
   

• Preguntas y Respuestas (20 min)

Sesión organizada por OHCHR

En idioma español, con interpretación simultánea al inglés. 

A fin de permitir un intercambio más amplio de ideas y de información, el Foro incluirá por primera vez sesiones de "presentaciones instantáneas" en las que los/as participantes que hayan sido seleccionados/as podrán compartir sus proyectos o iniciativas con el público del Foro mediante presentaciones de vídeo o en vivo.

La presentaciones que forman parte de esta sesión han sido seleccionadas competitivamente de entre las distintas propuestas recibidas, y ofrecen una mirada plural de distintas iniciativas en curso llevadas a cabo por una pluralidad de actores y sobre una diversidad de temáticas.

SNAPSHOTS

this year’s Forum will accommodate only a limited number of plenary sessions. However, in order to enable a wider exchange of new insights and developments, the Forum will include for the first time “snapshots sessions” where selected participants will be able to share their projects or initiatives with the wider forum’s audience through video presentations or life.

The presentations featured in this session have been competitively selected from among the different proposals received, and offer a plural look at various initiatives being carried out by a plurality of actors on a diversity of topics.


AGENDA

• Introducción
• Presentación vidéos:

1. Publicación "Respeto y Promoción de los Derechos Humanos: Prácticas Destacadas del Sector Privado Argentino". Laura Belfiore - Red Argentina del Pacto Global de Naciones Unidas. http://pactoglobal.org.ar/wp-content/uploads/2020/04/PUBLICACI%C3%93N_V4.pdf  
2. "El rol de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en materia de Empresas y Derechos Humanos- La experiencia del fortalecimiento institucional de la Defensoría del Pueblo colombiana". Jose Fernando Gómez Rojas - Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables (CREER).
3. "Programa Espejos: Mujeres Poderosas", Daniela Castillo, Coordinadora de Asuntos Regionales y Comunitarios, Cerro Dominador  
4. Transición Justa en Tarapacá: Primer cierre de planta a carbón en Chile, Maria Trinidad Maturana, Enel Chile
5. Publicación “Desafíos para la regulación de los derechos humanos y las empresas: ¿cómo lograr proteger, respetar y remediar?” Julián Tole - Observatorio latinoamericano de Derechos Humanos y Empresas
   
   

• Preguntas y Respuestas (20 min)

Sesión organizada por Fundación Ideas para la Paz

Antecedentes
Pese a los esfuerzos que se evidencian en materia de equidad de género en las actividades empresariales, la situación de las mujeres en este ámbito aún dista de ser ideal. Según el Ranking PAR, a 2019 solo el 52% de las empresas latinoamericanas que participaron en su análisis contaban con políticas de equidad de género y, de éstas, el 36% había desarrollado planes estratégicos de trabajo en la materia. Además, de acuerdo con la OIT, para 2019 la tasa de desempleo de las mujeres en Latinoamérica aumentó, pasando de 10% a 10,2% en comparación con el año 2018, mientras que la de los hombres se mantuvo en 7,3%. La misma organización señala que la brecha salarial en la región alcanza el 17%, cifras que reflejan la precariedad de la posición de las mujeres en el ámbito laboral. Este panorama se ha agudizado por la crisis generada por el covid-19 y las medidas gubernamentales y empresariales que se han tomado en este contexto. Es así como la evidencia muestra que, durante la pandemia, las violencias basadas en género (VBG) se han intensificado en los períodos de aislamiento, la brecha laboral se está profundizando como consecuencia del aumento en las tareas de cuidado, y que la pérdida de empleos que es más severa en sectores altamente feminizados.

Objetivo general de la sesión
Visibilizar la importancia de implementar conductas empresariales responsables con enfoque de género, para contribuir a la mejora de la calidad de vida de las mujeres, al restablecimiento de sus derechos, y al cierre de las brechas en la región.

Objetivos específicos de la sesión

• Evidenciar las brechas de género persistentes en materia laboral en América Latina y entender cómo la crisis generada por el covid-19 las ha profundizado y generado efectos desproporcionados sobra las mujeres.
• Reflexionar sobre los beneficios de incorporar un enfoque de género en las conductas empresariales responsables como mecanismo para desafiar las estructuras de inequidad de género.
• Reconocer avances y prácticas empresariales responsables con enfoque de género en el marco del covid-19.

Preguntas clave para la discusión
En esta sesión se analizará la importancia de poner a las mujeres en el centro de la discusión, en su calidad de agentes en los procesos de transformación empresarial conducentes a la adopción y consolidación de conductas empresariales responsables.
La conversación con las panelistas tendrá como eje central de la Conducta Empresarial Responsable (CER) en clave de género para a partir de allí ahondar en asuntos relativos a:

• Las barreras y brechas que invisibilizan o dificultan la incorporación del enfoque de género en los procesos de debida diligencia empresarial para una conducta responsable.
• Los avances o puntos de apalancamiento para superar tales barreras y cerrar las brechas.
• La necesidad y beneficios derivados de la incorporación de los asuntos de género en los procesos de debida diligencia en derechos como mecanismo para desafiar las estructuras de inequidad en la sociedad y, particularmente, en la manera en que se desarrollan algunas actividades económicas.
• La situación de las mujeres en América Latina en relación con la pandemia del covid-19 y cuáles son algunas soluciones y respuestas empresariales responsables que contribuyen decididamente a revertir la agudización de sus vulnerabilidades y al restablecimiento de sus derechos en el escenario de superación de la crisis sanitaria.

Formato de la sesión
La sesión seguirá el formato de panel en el que la moderadora comentará sobre datos y situaciones actuales del ámbito empresarial en relación a las mujeres, para ser discutidas con las diferentes panelistas. El panel estará conformado en su totalidad por mujeres, procurando la participación, como mínimo, de representes del gobierno, sociedad civil y empresas. La sesión se distribuirá temáticamente en cuatro momentos:

• Situación actual de las mujeres en el ámbito laboral en América Latina. Desde dos perspectivas: las brechas persistentes en el acceso al trabajo, la promoción y obtención de beneficios, y las VBG que se siguen presentando en el lugar de trabajo. Se analizará también cómo la crisis generada por el covid-19 ha profundizado dichas situaciones. Algunas preguntas orientadoras:
• ¿Cuáles son las brechas que persisten para las mujeres en materia de acceso y condiciones laborales?
• ¿Cuáles han sido los impactos de la crisis del covid-19 sobre las mujeres?
• ¿Cuáles son las principales barreras que dificultan la incorporación del enfoque de género en los procesos de debida diligencia empresarial para una CER?
• Conducta Empresarial Responsable y debida diligencia en DDHH con enfoque de género. Cómo un proceso de debida diligencia puede incluir un enfoque de género efectivo que cuente con la participación de las mujeres para encontrar respuestas reales a las brechas de género en el ámbito empresarial. Algunas preguntas orientadoras:
• ¿Cuáles son los beneficios de incorporar un enfoque de género en los procesos de debida diligencia empresarial para una CER como mecanismo para desafiar las estructuras de inequidad en la sociedad?
• ¿Cómo aplicar, en la práctica, los PRNU y sus dimensiones de género?
• ¿Cómo han aportado los PRNU a cerrar brechas relacionadas con los derechos de las mujeres?
• Avances, buenas prácticas y contribuciones. Identificar avances y experiencias para superar las brechas antes mencionadas y respuestas empresariales responsables en el marco del covid-19, que contribuyen a revertir la agudización de sus vulnerabilidades y al restablecimiento de sus derechos en el escenario de superación de la crisis sanitaria.
• ¿Qué avances, experiencias y lecciones aprendidas específicas se han identificado para mitigar los impactos de la pandemia sobre las mujeres?
• ¿Cómo pueden las empresas contribuir a cerrar las brechas existentes?
• Intercambio con el público. A lo largo de toda la sesión se recopilarán las preguntas de las personas asistentes para responderlas en un espacio el final de la intervención de las panelistas.

Documentos de interes, links de referencia y herramientas útiles:
Links de referencia 

• Perspectiva de género de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Gender/GenderUNGP_SP.pdf
• OIT. The COVID-19 response: Getting gender equality right for a better future for women at work. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_744374.pdf
• OECD. SIGI 2020 Regional Report for Latin America and the Caribbean. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/cb7d45d1-en.pdf?expires=1597968265&id=id&accname=guest&checksum=D03F7E6F808585C5895820BA1F3C0A04

Debida diligencia en derechos humanos y género

• Shedil: Herramienta creada por la ONG noruega Fokus para la inclusión del enfoque de género en la debida diligencia. https://shedil.org/
• Instituto Danés: 

Sesión organizada por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidades sobre empresas y derechos humanos

La sesión será celebrada en español sin interpretación

Breve descripción de la sesión

A medida que los países de América Latina y el Caribe (ALC) y a nivel mundial se enfrentan a los desafíos de la crisis de COVID-19 y sus impactos económicos, sociales y humanos, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (Grupo de Trabajo) ha puesto en marcha un nuevo proyecto para trazar el curso de una década de acción sobre las empresas y los derechos humanos. También conocido como "UNGPs 10+ / Next Decade BHR", el proyecto se centra en el próximo 10º aniversario, en junio de 2021, de los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos (Principios Rectores), el estándar mundial para los gobiernos y las empresas para prevenir, mitigar y abordar los abusos de los derechos humanos relacionados con las empresas.
Este esfuerzo mundial, basado en amplias consultas con las partes interesadas, tiene como objetivo: 1) hacer un balance de los logros alcanzados hasta la fecha y evaluar las lagunas y los problemas existentes y 2) elaborar una visión y una hoja de ruta ambiciosas para aplicar los planes de acción mundiales de manera más amplia y general en los próximos diez años a fin de impulsar una mejor práctica de los gobiernos, las empresas y las inversiones basada en el respeto de los derechos humanos, con resultados tangibles para las personas y las comunidades afectadas.

Objetivos de la sesión

• Ofrecer una plataforma regional virtual para presentar presentar y discutir los objetivos, hitos y expectativas del proyecto "UNGPs 10+" para la hoja de ruta y el proceso de consulta;
• Facilitar la participación de múltiples interesados en el proyecto "UNGPs 10+" en la región de América Latina y el Caribe; y
• Tocar la importancia de los PNUMA y su potencial para mejorar las respuestas a la actual crisis de COVID-19 en ALC, así como las amenazas a largo plazo para el desarrollo sostenible, incluida la emergencia climática, la corrupción y la seguridad de los defensores de los derechos humanos.

Preguntas clave de la discusión

• ¿Qué desarrollos dignos de mención y qué lagunas persisten en relación con la aplicación de los Principios Rectores por parte de los agentes estatales y las empresas de la región?
• ¿Qué cuestiones, sectores o temas deberían ser prioritarios para los agentes estatales y las empresas comerciales en el próximo decenio a fin de promover el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas?
• ¿Qué oportunidades y desafíos existen para hacer avanzar la acción del Estado y las empresas para proteger y respetar los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales en la región?

Sesión organizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
Esta sesión contará con interpretación inglés

Breve descripción de la sesión
Esta sesión discutirá las intersecciones entre la crisis del COVID-19, la Conducta Empresarial Responsable y el cambio climático en la construcción de resiliencia.
La propagación de la pandemia del COVID-19 y sus impactos han aumentado la conciencia sobre las consecuencias de la falta de resistencia de las cadenas de suministro y la preparación de estas para enfrentar una crisis. Los riesgos ambientales y los impactos adversos relacionados con las operaciones empresariales, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, pueden no solo aumentar el riesgo de pandemias similares en el futuro, sino que también representan la amenaza de crisis en curso y futuras a las que las empresas y sus cadenas de suministro tendrán que responder.
La conducta empresarial responsable (CER) es una orientación estratégica que es crucial para abordar los desafíos causados y acentuados por la crisis del COVID-19, y garantizar que las medidas de recuperación continúen teniendo en cuenta las prioridades ambientales, como el cambio climático.
Siendo las empresas responsables de la mayoría de las emisiones globales, el sector privado tiene la responsabilidad principal de tomar medidas para limitar y abordar tales impactos; incluidos los impactos comerciales sobre el clima (a través de emisiones de gases de efecto invernadero), así como los impactos del clima sobre las operaciones comerciales y las cadenas de suministro mundiales.
El cambio climático continúa representando la amenaza más seria para la humanidad y es crítica tanto para los gobiernos como para las empresas al considerar la resiliencia de las cadenas de suministro y la preparación del sector privado para la gestión de crisis. Se necesitan acciones urgentes y una discusión de múltiples partes interesadas para aumentar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la resiliencia climática para abordar los riesgos relacionados con el clima y cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.

Objetivos de la sesión

A la luz de la actual crisis socioeconómica generada por la pandemia del COVID-19, esta sesión explorará cómo la implementación de herramientas e instrumentos de conducta empresarial responsable (CER) puede contribuir a la recuperación económica (como parte de las medidas y políticas de recuperación), y fortalecer la resiliencia de las empresas para responder a futuras crisis globales, tales como el cambio climático.
La sesión discutirá los marcos de políticas internacionales clave, así como ejemplos de respuestas políticas y acciones tomadas por empresas.

Preguntas clave de la discusión
¿Cuáles son los marcos internacionales actuales para ayudar a orientar las responsabilidades empresariales en el contexto de las medidas de recuperación del COVID-19 y en la respuesta a la crisis climática?
¿Cuáles son algunos ejemplos de riesgos ambientales/impactos adversos de las operaciones empresariales que han surgido o que se han convertido en una prioridad en el contexto de la crisis del COVID-19?
¿Cuáles son algunos ejemplos de cómo las empresas pueden integrar las consideraciones sobre el cambio climático en sus medidas de recuperación frente al COVID-19 y como parte de sus procesos de debida diligencia de la cadena de suministro? ¿Existen sinergias o lecciones que se puedan aprender de las prácticas de debida diligencia en materia de derechos humanos en el avance de las acciones empresariales para abordar el cambio climático?
¿Cómo puede la implementación de la debida diligencia para una CER de acuerdo con los instrumentos de la OCDE contribuir a la recuperación económica y al fortalecimiento de la resiliencia climática de las empresas? ¿Cuáles son las perspectivas y oportunidades futuras en términos de escalar las acciones prácticas de las empresas para responder a la crisis del cambio climático y desarrollar la resiliencia?

Antecedentes de la discusión
Para una empresa, la adopción de un enfoque de CER para la recuperación del COVID-19 no solo ayudará a abordar los impactos en el sustento y la salud de sus trabajadores y partes interesadas, sino que también las ayudará a responder a la crisis de manera más rápida, duradera y a construir resiliencia a largo plazo frente a otras crisis mundiales en curso o futuras, como el cambio climático[1].
De manera similar, para los gobiernos, las medidas de recuperación guiadas por los estándares de CER pueden garantizar que tales medidas no exacerben los impactos socioeconómicos adversos de la pandemia del COVID-19, sino que incentiven a las empresas a mitigar cualquier daño potencial y maximizar los impactos positivos de su respuesta, teniendo en cuenta todas las áreas de riesgo y responsabilidad empresarial, incluidas las que se cruzan con el cambio climático.

Las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales son un instrumento internacional que describe las expectativas sobre la CER. Estas expectativas incluyen, entre otras, recomendaciones sobre el comportamiento empresarial en el contexto de los derechos humanos, el medio ambiente y el cambio climático. Las Directrices de la OCDE también incluyen la expectativa de que las empresas lleven a cabo una debida diligencia integral de la cadena de suministro para identificar y abordar sus riesgos e impactos adversos tanto en las personas como en el planeta. La Guía de debida diligencia de la OCDE para una conducta empresarial responsable, describe cómo las empresas pueden implementar esto en la práctica[2]. Las guías específicas sectoriales de la OCDE sobre la debida diligencia, a su vez, también incluyen recomendaciones específicas relacionadas con el cambio climático[3].

El cambio climático sigue representando la amenaza más grave para la humanidad y es una consideración fundamental tanto para los gobiernos como para las empresas en la construcción de cadenas de suministro resilientes y la preparación del sector privado para responder a las crisis mundiales. Se necesita una acción urgente y un debate de múltiples partes interesadas para aumentar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la resiliencia climática para abordar y responder a la crisis climática y cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.

[1] Nota de política de la OCDE sobre CER y el COVID-19: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=130_130612-yej4uhtct8&title=El-COVID-19-y-la-Conducta-Empresarial-Responsable.
[2] OCDE (2018), Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una conducta empresarial responsable.
 
  [3] OCDE (2017), Debida diligencia para cadenas de suministro responsables en el sector de la confección y el calzado; O

Sesión organizada por el World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

Breve descripción de la sesión
Los objetivos de este evento son:
• Compartir experiencias, desafíos y aprendizajes en promover la agenda de empresas y DDHH en el contexto empresarial de América Latina
• Identificar soluciones y buenas prácticas para superar desafíos
• Resaltar el rol que pueden jugar organizaciones empresarias en avanzar el respeto empresarial por los derechos humanos.

Objetivos de la sesión
Las asociaciones y redes empresariales pueden desempeñar un papel importante en la promoción del respeto empresarial por los derechos humanos entre sus miembros empresariales. En esta sesión, las organizaciones empresariales compartirán sus experiencias, desafíos y lecciones aprendidas a partir de proyectos e iniciativas reales. Asimismo, representantes de las empresas compartirán sus expectativas hacia las asociaciones empresariales y otros grupos de interés en la creación de condiciones propicias para la promoción del respeto empresarial por los derechos humanos, desde la sensibilización y desarrollo de capacidades hasta la facilitación de la interacción con otras partes interesadas.

Preguntas clave de la discusión
• ¿Cuál es el papel de las asociaciones empresariales en la promoción del respeto de los derechos humanos por parte de sus miembros?
• ¿Cuáles son las buenas prácticas y las lecciones aprendidas al aprovechar el acceso y la influencia de las asociaciones empresariales en esta dirección?
• ¿Cómo pueden otras partes interesadas apoyar a las asociaciones y redes empresariales en su esfuerzo por promover el respeto empresarial de los derechos humanos?

Formato de la sesión
Online session with presentations, 2 panel discussions and Q&A.

Antecedentes de la discusión
Entre el 7 y el 11 de septiembre 2020, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) organiza el 5° Foro Regional de Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe. El tema del Foro Regional es “Hacer realidad una conducta empresarial responsable en tiempos difíciles: convertir los desafíos en oportunidades”.
Desde su adopción en el 2011, los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (United Nations Guiding Principles on Business & Human Rights, UNGP, en inglés) se han vuelto en el marco de referencia para asegurar el respeto por los derechos humanos en las operaciones y relaciones comerciales de las empresas. A pesar de la creciente aceptación de los Principios Rectores por parte del sector privado, es necesario mejorar la velocidad y la profundidad a la que los UNGP se están traduciendo en prácticas empresariales significativas.

Sesión organizada por el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos 
 
La sesión será celebra en español sin interpretación

Breve descripción de la sesión

Los inversores institucionales, como actores empresariales, tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos de acuerdo con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (Principios Rectores). Los inversores necesitan conocer los riesgos que corren las personas relacionadas con sus actividades de inversión y mostrar cómo actúan para gestionar esos riesgos. Esta expectativa ha sido elaborada por la OCDE en Conducta Empresarial Responsable para Inversores Institucionales, publicado en 2017.
En 2019, la Unión Europea dio un paso monumental en el fomento de la inversión responsable basada en el respeto de los derechos humanos mediante la adopción de requisitos de divulgación de la sostenibilidad para los inversores.
A pesar de estos avances positivos, sigue habiendo lagunas en lo que respecta a la aplicación de los Principios Rectores por parte de los inversores. Si bien un número creciente de inversores procura integrar los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus iniciales en inglés) en sus actividades de inversión, en un informe reciente se constató que "el 70% de los mayores gestores de activos del mundo no tienen una política de exclusión o de colaboración con las empresas que se ajuste a los marcos internacionales de derechos humanos".
Esta realidad pone a las personas y comunidades afectadas por las actividades de inversión en un riesgo significativo, ya que las empresas de cartera pueden tener un impacto potencialmente negativo en todo el espectro de los derechos humanos internacionalmente reconocidos. También expone a las carteras de inversión a una amplia gama de riesgos materiales, incluidos los relacionados con los daños operacionales, jurídicos y de reputación.
Este panel forma parte del proyecto "UNGPs 10+" del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (Grupo de Trabajo), que trata de trazar una hoja de ruta para la acción en materia de empresas y derechos humanos en el decenio

Objetivos

- Introducir el concepto de responsabilidad del inversor de respetar los derechos humanos, incluyendo estándares y marcos pertinentes;
- Estudiar las formas en que los inversores institucionales pueden contribuir en consecuencias negativas sobre sobre los derechos humanos mediante estudios de casos; y
- Discutir ejemplos prácticos de inversores que involucran a empresas de cartera y otros interesados para promover el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas.
- Ayudar a informar el proyecto del Grupo de Trabajo centrado en los próximos diez años de los Principios Rectores y específicamente la evaluación de la práctica actual entre los inversores y lo que se necesita para el camino a seguir.

Sesión organizada por  la Presidencia del Grupo de Trabajo establecido mediante la Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos

Objetivo

Presentar una actualización integral sobre el estado del proceso de elaboración del instrumento jurídicamente vinculante sobre las empresas y otras empresas de negocios con respecto a los derechos humanos en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, incluyendo los principales elementos de la Segunda Versión Revisada del proyecto de tratado (Rev.2), con miras a facilitar un diálogo constructivo, informal y abierto sobre los avances, desafíos y perspectivas de dicho proceso.

Antecedentes

En junio de 2014, bajo el impulso de Ecuador y Sudáfrica, el Consejo de Derechos Humanos adoptó la Resolución 26/9, a través de la cual se estableció un Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta (OEIGWG, por sus siglas en inglés), con el mandato de “elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular, en el Derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos”.
Desde entonces, el Grupo de Trabajo ha celebrado 5 sesiones anuales presididas por Ecuador, en las cuales más allá de los diferentes puntos de vista sobre el contenido, forma, naturaleza, alcance y otros elementos del futuro instrumento, se ha logrado fortalecer un espacio de debate integral sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto empresarial. Este logro ha sido alcanzado especialmente a partir de la publicación en julio de 2018, por primera vez, de un texto concreto de proyecto de tratado (“borrador cero”), centrado en las víctimas de los abusos de derechos humanos por parte de las empresas, la prevención de tales abusos, la búsqueda de soluciones pragmáticas a las barreras que enfrentan dichas víctimas a la hora de acceder a mecanismos de justicia y reparación, así como el fortalecimiento de la cooperación internacional en esta materia.
Gracias a ello, independientemente de las posiciones alrededor del proyecto de tratado, el interés de muchos países y otros actores relevantes en este proceso, se ha evidenciado en la creciente participación en las sesiones del Grupo de Trabajo, con cerca de 100 Estados presentes, más de 400 representantes de la sociedad civil, sector privado, sindicatos, delegados de organismos internacionales, titulares de mandatos de procedimientos especiales, instituciones nacionales de derechos humanos, parlamentarios de todas las regiones de mundo, y más de 15 eventos paralelos, en cifras sin precedentes para un Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos.
Asimismo, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como varios países y otros actores relevantes, reconocen actualmente la plena complementariedad y refuerzo mutuo entre los esfuerzos de implementación de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y el proceso de elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la materia.
Después del paso importante alcanzado con la presentación del primer proyecto de tratado en julio de 2018, el Proyecto Revisado (Rev.1), publicado en julio de 2019, recibió un reconocimiento favorable aún más amplio por parte de varios Estados, la Oficina de la Alta Comisionada, las organizaciones de la sociedad civil, la academia y otras partes interesadas pertinentes, al considerarlo como un texto sólido, más claro y con suficiente calidad jurídica para las negociaciones sustantivas del futuro tratado.
El Proyecto Revisado sirvió de base para el inicio de las negociaciones intergubernamentales directas llevadas a cabo en el marco de la Quinta Sesión, realizada en Ginebra del 14 al 18 de octubre de 2019, con total apertura para la recepción de todos los comentarios y propuestas de mejoras sobre las disposiciones del Proyecto, creando así un ambiente adecuado para las futuras negociaciones.
De conformidad con las conclusiones y recomendaciones adoptadas al final de la Quinta Sesión, así como de las consultas informales intersesionales celebradas en mayo y junio de 2020 y las propuestas de textos realizadas al Proyecto Revisado, la Presidencia del Grupo de Trabajo, elaboró y circuló el 7 de agosto de 2020, una Segunda Versión Revisada del proyecto de tratado (Rev.2), a través de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el cual servirá de base para el proceso de negociación intergubernamental durante la Sexta Sesión, que se realizará del 26 al 30 de octubre de 2020.
Igualmente, según lo acordado al final de Quinta Sesión del Grupo de Trabajo (octubre 2019), dichas negociaciones intergubernamentales sustantivas directas respecto de la elaboración de un tercer proyecto de instrumento jurídicamente vinculante en el curso de la Sexta Sesión, deberá ser dirigidas por los Estados, el cual deberá estar organizado de tal manera que los diferentes interesados puedan exponer sus opiniones sobre el proyecto de instrumento jurídicamente vinculante.

Objetivos específicos

Presentar una actualización integral sobre el estado del proceso de elaboración del instrumento jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos que se lleva a cabo en el Consejo de Derechos Humanos.
Facilitar la identificación de las principales modificaciones incorporadas en la Segunda Versión Revisada del futuro instrumento vinculante sobre empresas y derechos humanos;
Incentivar un intercambio informal, incluso de carácter preliminar, respecto de la Segunda Versión Revisada del proyecto de instrumento vinculante sobre empresas y derechos humanos, incluyendo sus posibles mejoras, a la luz de los desarrollos normativos y programáticos, experiencias, lecciones aprendidas, buenas prácticas y desafíos particulares de los países de la región de América Latina y el Caribe.
Explorar las oportunidades que brinda el proceso del instrumento vinculante para avanzar de manera concreta hacia la protección de los derechos humanos en el ámbito empresarial, una mejor rendición de cuentas y una reparación más efectiva de las víctimas de las actividades empresariales, así como para fortalecer la implementación complementaria de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos en América Latina y el Caribe y a nivel global.

Formato

Al igual que todos los eventos del 5º Foro Regional, la sesión sobre el proceso del tratado sobre empresas y derechos humanos se llevará a cabo de forma virtual y estará abierta a todos los participantes del 5º Foro Regional, y consistirá en presentaciones o intervenciones por parte de oradores, seguida de un diálogo interactivo. Debido a cuestiones presupuestarias, la sesión se realizará únicamente en idioma español.

Sesión organizada por el Centro Vincular – Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) de Chile

En idioma español (sin interpretación)

Breve descripción
En todo el espectro de partes interesadas, desde los inversionistas a las organizaciones ambientales y sociales, así como los gobiernos, hay una creciente demanda para que las empresas “sepan y muestren” cómo están gestionando sus impactos ambientales y sociales, incluyendo en los derechos humanos. El crecimiento exponencial en regulaciones de reportes no financieros, marcos, benchmarks y lineamientos o guías prueba la importancia de proporcionar información precisa, clara, estandarizada y robusta a las partes interesadas para que puedan tomar decisiones adecuadas. La mayoría de las empresas alrededor del mundo todavía está familiarizándose con este nuevo mundo hiper transparente en que vivimos.

Objetivos
Centro Vincular-PUCV y sus aliados internacionales, invitan a todos a una sesión con el objetivo de analizar los avances en la región de América Latina y el Caribe con respecto a la comunicación y transparencia de empresas sobre la gestión de derechos humanos en sus operaciones y cadenas de valor.

Preguntas claves
¿Qué tan transparente son las empresas en América Latina con respecto a su compromiso con y gestión de derechos humanos en sus operaciones y cadenas de valor?
¿Cuáles son los principales obstáculos a la transparencia en esta temática y qué debemos hacer para mejorarla?

Formato
1. Bienvenida

• Centro Vincular-PUCV

2. ESG en América Latina – resultados del Informe de Progreso 2019

• Jvan Gaffuri, Director, ESG Benchmarking, S&P Global Switzerland SA

3. Avances en la gestión y transparencia de DDHH en empresas de América Latina evaluadas por los Dow Jones Sustainability Indexes: 

• Ingrid Koch, Gerente Operaciones Centro Vincular-PUCV

4. Un análisis sectorial – derechos humanos y transparencia en la minería 

• Pierre de Pasquale, Responsible Mining Foundation, Suiza 

5. DD.HH. en los Estándares de Reportes de Sostenibilidad

• Laura Espinach, Global Reporting Initiative

6. Panel "Mirando hacia el futuro": Discusión entre los participantes

Moderación

• Carolina Hoyl, Gerente Desarrollo, Centro Vincular-PUCV

Sesión organizada por la Plataforma Colombiana Derechos Humanos Democracia y Desarrollo (PCDHDD)

Breve descripción de la sesión
Impulsado desde Colombia por la Plataforma Colombiana Derechos Humanos Democracia y Desarrollo PCDHDD este panel de expertos busca reflexionar acerca de las experiencias y desafíos sobre la responsabilidad de las empresas frente a los derechos humanos y, en particular, sobre violaciones a derechos humanos en el marco de la justicia transicional con el objetivo de analizar si en esos contextos de transito de situaciones de anormalidad a situaciones de posconflicto se pueden garantizar para las victimas los mínimos de verdad, de justicia, de reparación y de garantías de no repetición.
Se trata de valorar las experiencias exitosas e identificar cuáles son los desafíos para que a futuro las empresas no se involucren en graves violaciones a derechos humanos en contextos de conflictos armados y/o de dictaduras o estados de excepción.

Preguntas orientadoras
¿Cuál es la experiencia frente a la responsabilidad por la complicidad empresarial y de actores económicos frente a graves violaciones de derechos humanos en los escenarios de justicia transicional?
¿Cuál es la experiencia en los aparatos de justicia valorando la responsabilidad por complicidad empresarial pos dictaduras o conflictos armados?
¿Cómo se hna tratado los derechos y la centralidad de las victimas frente a las responsabilidades de actores económicos en los escenarios de violencia?
¿Cuáles han sido los aportes de las comisiones de verdad en esclarecer la complicidad empresarial en las dictaduras, los conflictos armados y escenarios de violencia generalizada?

Antecedentes
El rol de las empresas en el conflicto armado y la violencia sociopolítica - Presentación informe a la Comisión de la Verdad.
https://www.colectivodeabogados.org/?El-rol-de-las-empresas-en-el-conflicto-armado-y-la-violencia-sociopolitica
Entre coacción y colaboración. Verdad Judicial, actores económicos y Conflicto Armado en Colombia.  https://cdn.dejusticia.org/wp-content/uploads/2018/08/Entre-coaccion-y-colaboraci%C3%B3n-PDF-para-WEB-agosto-16.pdf
Participación de las Empresas en la Justicia Transicional
https://www.larepublica.co/analisis/maria-jose-viana-cleves-2860327/la-participacion-de-las-empresas-en-la-justicia-transicional-2904690

Coorganizadores 

• Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
• Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH)
• Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)
• Fundación Heinrich Boell – México
• Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz)
• Observatorio Ciudadano (Chile)
• Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos

Descripción breve de los objetivos 
 
El objetivo del evento es discutir la justicia energética en el marco de la transición de energía fósil a energías renovables en América Latina. Desde 2010, el CIEDH ha documentado más de 197 abusos a derechos humanos en el sector de la energía renovable, de los cuales el 61 por ciento de los casos ocurren en América Latina. Lo anterior evidencia la urgencia de analizar la transición desde un enfoque de derechos humanos.
Este evento propone discutir la justicia energética en toda la cadena, desde el extractivismo del litio, necesario para la producción de baterías para celulares y vehículos eléctricos, hasta el consumo de la energía, con un énfasis en aquellos conflictos medioambientales relacionados con la construcción de los grandes parques eólicos y solares. El enfoque desde la justicia energética permite abordar los temas relacionados con la distribución de los impactos y beneficios de la energía renovable, el proceso en la toma de decisiones y el diseño de los proyectos y el reconocimiento de grupos previamente excluidos, particularmente pueblos indígenas y afrodescendientes. Además, el debate plantea una discusión sobre el papel de las empresas, la sociedad civil, las comunidades locales y las autoridades en esta transición desde un enfoque de derechos humanos. Si bien, los megaproyectos energéticos han dominado la transición en la región, el evento plantea otros modelos de desarrollo energético y propuestas para generar, distribuir y consumir energía de forma diferente, por ejemplo, mediante la gestión de la energía comunitaria y la búsqueda de democracia energética.

Sesión organizada por la Academia Latinoamerica de Derechos Humanos y Empresas (Global Business and Human Rights Scholars Assocation)

La sesión será celebrada en español sin interpretación

Breve descripción de la sesión

Desde el informe 8/5 del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, y como fue resaltado posteriormente en los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, la responsabilidad empresarial de respeto a los derechos de las personas ha estado claramente identificada. Dicha identificación ha sido respaldada por otros instrumentos internacionales, incluyendo las Directrices para empresas multinacionales de la OCDE (complementadas con la Guía sobre debida diligencia para una conducta empresarial responsable de la misma organización), y la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social, de la OIT.
Los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos plantearon los diferentes elementos necesarios para que las empresas puedan estar en condiciones de cumplir con esa responsabilidad, pero también subrayaron la importancia de que el Estado cuente con un marco normativo claro, y que oriente a las empresas sobre el significado de su responsabilidad. Algunos Estados, principalmente en Europa, han comenzado a adoptar medidas legislativas en ese sentido, o están en proceso de análisis sobre el enfoque que su legislación nacional podría tener. La Comisión Europea también ha señalado su intención de presentar un proyecto regional sobre la materia en 2021.
El Grupo de Trabajo sobre las empresas y los derechos humanos, en su informe A/73/163, señaló la importancia de que el concepto de la debida diligencia responda y vincule a los pilares I y II, mientras que el Proyecto de Acceso a Mecanismos de Reparación (ARP) de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha clarificado la interrelación de este concepto para efectos del pilar III de los Principios Rectores (informe 38/20/Add.2). Elementos similares se encuentran en discusión en el proceso de negociación del instrumento jurídicamente vinculante sobre el tema, en el Consejo de Derechos Humanos.
En virtud de ese contexto y desarrollos, la presente sesión tiene como objetivo explorar qué significa para los Estados de América Latina y el Caribe el cumplimiento de la debida diligencia en derechos humanos, desde la perspectiva de los tres pilares de los Principios Rectores. De tal manera, se propone desarrollar una discusión sobre los diferentes elementos particulares para América Latina –constitucionalismo, el corpus juris interamericano, y su posición económica a nivel mundial– que deben ser tomados en cuenta para la implementación de este concepto multifacético, desde la perspectiva de las distintas partes interesadas.

Sesion organizada por el Progama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
La sesion sera celebrada en espanol.

Breve descripción

Según señala el Informe sobre Desarrollo Humano 2019. Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente, la ciudadanía está tomando las calles por diferentes motivos y la conflictividad social muestra un hilo conductor: la profunda y creciente frustración que generan las desigualdades sociales. Esta situación se ha visto exacerbada por la COVID-19 y lo que lo que ocurra a continuación dependerá de las decisiones que se tomen hoy y que deben comenzar por el compromiso de abordar el desarrollo humano en toda su complejidad y aunar esfuerzos para ayudar a los países y comunidades a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
las desigualdades
El escenario post COVID-19 requiere reconfigurar un contrato social para permitir garantizar la convivencia, construir confianza y promover una participación más significativa de las comunidades para brindar respuestas superadoras a las demandas sociales. Sin ello, no es posible hacer realidad el ODS 16, cuyo objetivo es promover sociedades pacíficas e inclusivas para un desarrollo sostenible, proveer acceso a la justicia para todos y todas y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles.
Alcanzar las metas del ODS 16 requiere una gobernabilidad efectiva mediante el apoyo a procesos de gobernabilidad democrática que permitan la:

• Generación de oportunidades de desarrollo socioeconómico y de participación significativa
• Oportunidades de transformaciones institucionales y mayor eficiencia en la respuesta a las demandas ciudadanas
• Mejores oportunidades de convivencia pacífica libre de conflictos y seguridad ciudadana

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidades sobre las Empresas y los Derechos Humanos en sus diferentes visitas de países en la región ( Brasil, Honduras, México y Perú) ha puesto énfasis sobre la situación alarmante de conflictividad social relacionada a las actividades empresariales, en su mayoría megaproyectos. El Grupo, también ha manifestado que, tanto las comunidades locales, incluidas las comunidades indígenas; como las empresas, han señalado la necesidad urgente de un marco institucional y normativo claro sobre la participación como elemento clave para abordar las causas fundamentales del conflicto social. Las lagunas actuales también tienen consecuencias negativas para las empresas y los inversores, como los costos de la paralización de las operaciones, el daño a la reputación de las empresas y la retirada de la financiación por los inversores.
Estado y sector privado juegan un rol clave en la prevención de los conflictos. Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos precisan que puesto que el riesgo de violaciones graves de los derechos humanos es mayor en zonas afectadas por conflictos, los Estados deben de tratar de asegurar que las empresas que operan en tales contextos no se vean implicados en abusos de este tipo. Para ello, y entre otras medidas, los Estados deben de colaborar en la fase más temprana posible con las empresas para ayudarles a determinar, prevenir, y mitigar los riesgos que entrañen sus actividades y relaciones empresariales parta los derechos humanos. En otras palabras, deben alentar a las empresas a actuar con debida diligencia.
Ello implica, tal como indica el informe de 2018 del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos
humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, y como fuera reafirmado ese mismo año en el Foro Anual de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que las empresas deben (a) identificar y evaluar los impactos adversos reales o potenciales que sus actividades puedan tener sobre los derechos humanos; (b) integrar los hallazgos de las evaluaciones de impacto en todos los procesos de la empresa; (c) hacer un seguimiento de la eficacia de las medidas adoptadas, y (d) comunicar de qué manera la empresa responde a los efectos adversos y demostrar a las partes interesadas —en particular a las afectadas— que se han dispuesto políticas y procesos adecuados para la aplicación del respeto de los derechos humanos en la práctica.
Actuar con debida diligencia requiere, entonces, procesos de consulta, plataformas interinstitucionales de diálogos con inclusión activa de las personas y comunidades potencialmente afectadas ayudan a prevenir y abordar la conflictividad social.
La Guía de la OCDE de Diligencia Debida para la Participación Significativa de las Partes Interesadas en el Sector Extractivo proporciona más información de cómo esa participación significativa puede ser incorporados en los procesos de debida diligencia en el sector extractivo. El Informe “Comités de Monitoreo Ambiental Participativo en Contextos Mineros: Lecciones a Partir de Nueve Estudios de Casos en Cuatro Países de Latinoamérica” (Argentina, Bolivia, Panamá y Perú) demuestra que el diálogo funciona. Además el Infome de la CEPAL y del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC) – los pueblos indígenas de America Latina – Abya Yala y la agenda 2030 para el desarrollo sostenible: tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial , ayuda en plantear unos de los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas en esa cuestión.

Bajo los lineamientos de la Década de Acción[1]: El futuro de las empresas y los derechos humanos para la gente, el planeta y los objetivos de paz, esta sesión tiene el propósito de contribuir a la conversación sobre el respeto de derechos humanos desde experiencias concretas del sector privado, de los gobiernos y de las comunidades afectadas Empresas y en particular:

• Reflexionar sobre prácticas de responsabilidad empresarial y su impacto en la reducción de conflictos y la aceleración de la implementación de la Agenda 2030.
• Compartir perspectivas para acelerar los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos en el Decenio de Acción a partir de los aprendizajes de las instituciones de gobierno, las empresas y la participación de la ciudadanía.
• Contribuir a reflexionar sobre la prevención de los abusos de los derechos humanos relacionados con la actividad empresarial que será el tema central del Foro Anual de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos 2020.

  
 

Sesión organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), y la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA)

En idioma español (sin interpretación)

Nota conceptual adjunta. English concept note version enclosed. 

Breve descripción
El futuro post pandemia es incierto, pero algo es seguro, la opción “business as usual” ya no es alternativa. Cada día cobra más fuerza una recuperación verde (que en algunos países han denominado “nuevo acuerdo ambiental” o “new green deal”) cuyo eje se encontraría en la transición energética. Dado que los sistemas de transporte y las fuentes de energía con bajas emisiones conllevan un uso intensivo de minerales, la actividad minera puede desempeñar un papel importante en la recuperación y la transición hacia un nuevo estilo de desarrollo basado en la descarbonización y en la reversión y mitigación del cambio climático. Sin embargo, esta transición debe articularse en torno a cadenas de suministro de recursos minerales que sean sostenibles y responsables con las poblaciones de los territorios de extracción y que generen un equilibrio entre la protección del valioso medio natural (la biodiversidad, el agua y los ecosistemas), la explotación minera y los derechos de las poblaciones y comunidades locales.

Objetivos
Para prepararse para este nuevo escenario, el evento buscar llamar la atención sobre la importancia de incorporar un enfoque de derechos humanos en la evaluación de impacto ambiental de proyectos mineros.

El evento será también una oportunidad propicia para dar a conocer la nueva publicación “Recomendaciones para la incorporación del enfoque de derechos humanos en la evaluación de impacto ambiental de proyectos mineros”, elaborada por el Grupo Temático sobre Derechos Humanos y Empresas de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), a través del programa Cooperación Regional para la Gestión Sustentable de los Recursos Mineros en los Países Andinos.

El evento permitirá asimismo relevar el papel de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) y las Defensorías del Pueblo, como garantes de la vigencia y protección de los derechos fundamentales de sus habitantes, y desde sus roles y mandatos institucionales, en la promoción de una minería respetuosa de los derechos humanos y del medio ambiente. La región cuenta con múltiples experiencias de actuación defensorial que han permitido una atención importante en favor de los derechos, evidenciándose las fortalezas de su participación como aliados sustantivos para la consecución de una minería responsable y, en consecuencia, de un desarrollo sostenible.

Preguntas claves
La actividad extractiva ha sido históricamente una de las fuentes de desarrollo económico de los países de América Latina y el Caribe. En efecto, sin desconocer la marcada heterogeneidad que existe entre los países de esta región, el sector minero es y será un importante motor de crecimiento. Sin embargo, el desarrollo de esta actividad durante décadas sin los controles y salvaguardias necesarios ha acarreado graves efectos ambientales y sociales, así́ como vulneraciones de los derechos humanos, generando persistentes y profundos conflictos socioambientales. De este modo, es imprescindible cambiar la manera en que se desarrolla la actividad minera en la región, a fin de que esta pueda constituirse en un motor de la recuperación verde pos-COVID-19.

Formato 
1. Apertura de la sesión y presentación de expositores

• Nicolas Maennling, Asesor Principal Programa MinSus, GIZ

2. Saludos protocolares

• Augusto Jordán Rodas Andrade, Presidente de FIO y Procurador de los Derechos Humanos de la República de Guatemala
• José Apolonio Tobar, Secretario General de la RINDHCA y Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador
• Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva, CEPAL (mensaje grabado)

3. La necesaria integración del enfoque de derechos humanos en la evaluación de impacto ambiental de proyectos mineros

• Alicia Abanto, Adjunta al Defensor del Pueblo en Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, Defensoría del Pueblo del Perú

4. Comentarios & diálogo con participantes

• Freddy Carrión, Defensor del Pueblo, Defensoria del Pueblo del Ecuador
• Joseluis Samaniego, Director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de CEPAL
• Joaquín Villarino, Presidente Ejecutivo, Consejo Minero, Chile 
• Rubens Born - Fundação Grupo Esquel, Brasil 

5. Palabras de cierre

• Nicolas Maennling, Asesor Principal Programa MinSus, GIZ

Antecedentes
La evaluación de impacto ambiental es un instrumento de política pública cuyo objetivo es proporcionar información y análisis para mejorar las decisiones que se deben tomar en términos prospectivos, de modo de contribuir a anticipar el impacto futuro de las decisiones presentes, perfeccionar las decisiones públicas y favorecer una adecuada rendición de cuentas. En todos los países de la región iberoamericana hay marcos legales para evaluar los efectos ambientales de determinados proyectos, sin embargo estos no contemplan de forma explícita un enfoque de derechos humanos. El documento “Recomendaciones para la incorporación del enfoque de derechos humanos en la evaluación de impacto ambiental de proyectos mineros”, brinda una serie de recomendaciones para incorporar de forma adecuada el enfoque de derechos humanos en la evaluación de impacto ambiental de proyectos mineros, con miras a fortalecer este instrumento preventivo a la luz de los recientes avances internacionales y regionales y de la creciente conflictividad socioambiental.

Sesión organizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Instituto Danés de Derechos Humanos (reunión cerrada)

Breve descripción de la sesión

Esta reunión tiene como objetivo construir puentes entre las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) y los Puntos de Contacto Nacionales para la Conducta Empresarial Responsable (PNC) de América Latina y el Caribe.
Las INDH son órganos independientes establecidos por el estado con un mandato constitucional o legislativo para promover y proteger los derechos humanos, incluso mediante el seguimiento, el asesoramiento, la presentación de informes, la investigación, la divulgación y la educación en derechos humanos. Las INDH son organismos públicos y parte del Estado, pero independientes del gobierno nacional. Hasta la fecha, hay 124 INDH acreditadas en el mundo.
Los PNC son agencias establecidas por los gobiernos. Su mandato es doble: promover las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y las orientaciones relacionadas con la diligencia debida, y atender los casos (denominados “instancias específicas”) como un mecanismo de reclamación no judicial. Hasta la fecha, 49 gobiernos tienen un PNC para la CER.
Las INDH y los PNC comparten una serie de similitudes, no solo en términos de su estructura, que puede variar de un país a otro, sino también en términos de su mandato. Las INDH promueven los derechos humanos en general, mientras que los PNC promueven los derechos humanos en relación con las actividades empresariales. Todos los PNC son mecanismos de reclamación no judiciales, mientras que las INDH tienen el mandato de promover el acceso a reparación por violaciones de derechos humanos (algunas también pueden manejar quejas). Por lo tanto, existen amplias oportunidades para que las INDH y los PNC colaboren y busquen alinear sus prácticas con respecto a los impactos de las empresas en los derechos humanos, así como en el acceso a la reparación.
Esta reunión es organizada conjuntamente por la Secretaría de la OCDE (en el contexto del proyecto CERALC) y el Instituto Danés de Derechos Humanos, cuya participación está limitada bajo invitación. Implementa a su vez el Memorando de Entendimiento de 2017 de la OCDE-GANHRI (Alianza Global de INDH).

Session organised by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and the the Danish Institute for Human Rights (closed meeting)


Brief description of the session
This meeting aims to build bridges between National Human Rights Institutions (NHRIs) and National Contact Points for Responsible Business Conduct (NCPs) from Latin America and the Caribbean.
NHRIs are independent bodies established by the state with a constitutional or legislative mandate to promote and protect human rights, including via monitoring, advice, reporting, research, outreach and human rights education. NHRIs are public bodies and part of the State, but independent of the national government. To date, there are 124 accredited NHRIs.
NCPs are agencies established by governments. Their mandate is twofold: to promote the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, and related due diligence guidance, and to handle cases (referred to as “specific instances”) as a non-judicial grievance mechanism. To date, 49 governments have an NCP for RBC.
NHRIs and NCPs share a number of similarities, not only in terms of their structure, which may vary from country to country, but also in terms of their mandate. NHRIs promote human rights in general, while NCPs promote human rights in relation to business activities. All NCPs are non-judicial grievance mechanisms, while NHRIs are mandated to promote access to remedy for human rights violations (some also may handle complaints). There are therefore ample opportunities for NHRIs and NCPs to collaborate and seek to align their practices regarding business impacts on human rights, as well as on access to remedy.
This meeting is jointly organised by the OECD Secretariat (in the context of the RBC in LAC project) and the Danish Institute for Human Rights and participation is on invitation only. It implements the OECD-GANHRI (Global Alliance of NHRIs) Memorandum of Understanding of 2017.

Sesión organizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
 
Note: concept note in English enclosed.

Breve descripción de la sesión 

Se estima que las PyMEs formales contribuyen con el 45 por ciento de las fuentes totales de empleo, representando hasta el 33 por ciento del ingreso nacional en las economías emergentes, y las cifras aumentan cuando se incluyen a las PyMEs informales[1].
Los altos y persistentes niveles de informalidad en América Latina y el Caribe (ALC) afectan gravemente la realización efectiva de todos los derechos laborales fundamentales y condicionan el logro de los objetivos de una conducta empresarial responsable. La informalidad también plantea importantes preocupaciones con respecto a la aplicación de las normas de seguridad y salud ocupacional.
Esto se ha visto agravado por la crisis generada por la pandemia de Covid-19. En particular, las PyMEs y los trabajadores de la economía informal se han visto más gravemente afectados por la actual crisis socioeconómica y sanitaria.
Esta sesión explorará los efectos que ha tenido la pandemia de Covid-19 sobre con relación a la informalidad en la región de ALC.

Objetivos de la sesión 

Sobre la base de los instrumentos internacionales sobre conducta empresarial responsable, esta sesión abordará además las respuestas políticas que se han dado frente al aumento de la informalidad, así como el papel que tienen las PyMEs, el diálogo social y los sindicatos en la formalización.
Teniendo en cuenta su importancia en las economías de ALC, esta sesión contará como componente central una mesa redonda de discusión con PyMEs, para dialogar sobre la crisis del Covid-19 y las prácticas empresariales responsables, explorando su rol e impacto en la formalización de los mercados laborales.

Temas clave de la discusión

• Revisión del problema de la informalidad en la región de ALC y cómo ha tenido un impacto particularmente fuerte durante la pandemia de Covid-19.
• Abordar un enfoque integrado para hacer la transición a la formalidad: productividad, normas, incentivos y cumplimiento de las leyes:
• Incentivos y apoyo a las PyMEs 

- Abordar los abusos de los derechos humanos generados en la economía informal
- La debida diligencia para la conducta empresarial responsable en todas las cadenas de suministro

Oradores

Primera parte: palabras de apertura
-  Moderadora:

• Cristina Tébar Less, Jefa del Centro para la Conducta Empresarial Responsable, OCDE 

- Panelistas:

• Alejandro Miranda Muñoz, Gerente de Centros de Negocios, SERCOTEC (Chile) 
• Alberto Echavarría, Miembro del Consejo de Administración de la OIT y Vicepresidente de Asuntos Jurídicos, ANDI (Colombia)
• Cicero Pereira da Silva, Secretario de Política Social, Central Sindical de Trabajadores/as de las Américas (Brasil) 

Segunda parte: mesa redonda de discusión con PyMEs
- Moderadora:

• Virginia Rose Lesada, Especialista en Empresas Sostenibles, OIT

- Panelistas:

• Edmundo Lima, Director Ejecutivo, Abvtex (Brasil) 
• Carlos Mendieta, Director de Sostenibilidad, PetStar (México) 
• Miguel Ángel Rodríguez, Director de Operaciones, Sinteplast (Argentina) y Vice-presidente del Departamento de PYMI de la Unión Industrial Argentina (UIA) 

[1] OIT, Formalización de las PyMEs en las cadenas de valor en América Latina: ¿cuál es la función de las empresas multinacionales? 2016 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_548320.pdf

En línea con los objetivos de este importante Foro Regional, el presente evento paralelo ofrecerá la posibilidad de profundizar el alcance de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, elaborados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos junto con el Instituto de Derechos Humanos y Empresas, los cuales establecen normas claras para que el sector privado respete los derechos humanos de todas las personas sin ninguna distinción, incluyendo al colectivo de personas LGBTI.
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas proporciona una plataforma para que las empresas implementen estos estándares y los avancen en la comunidad en general. En efecto, estas Normas de Conducta se basan tanto en los Principios Rectores de las Naciones Unidas como en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y ofrecen orientación a las empresas sobre cómo cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos de todas las personas, incluidas, en este caso, los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI).
Cumplir con este punto de referencia significa tratar a las personas LGBTI de manera justa en el lugar de trabajo, así como mirar la práctica empresarial hacia arriba y hacia abajo en la cadena de suministro para tratar de asegurar que la discriminación se aborde en todo momento. Pero las Normas de Conducta también representan un paso más allá para enfatizar las muchas oportunidades que tienen las empresas para contribuir a un cambio social positivo más amplio en las comunidades donde hacen negocios.
Como manifestado por el ex-Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein en septiembre de 2017 coincidiendo con el lanzamiento de estos estándares: "Si queremos lograr un progreso global más rápido hacia la igualdad de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, las empresas no sólo tendrán que cumplir con sus responsabilidades en materia de derechos humanos, sino que deben convertirse en agentes activos del cambio". En efecto, estas normas de conducta suponen un paso adelante en la ayuda a las empresas a traducir sus compromisos en derechos humanos en acciones prácticas sobre el terreno, y una oportunidad potencialmente importante para ampliar el papel de las empresas en la lucha contra las prácticas discriminatorias en países de todo el mundo.
Objetivos

La Oficina Regional de la Alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central y República Dominicana está organizando la realización de este Evento Paralelo con los siguientes objetivos:

• Crear un espacio de diálogo entre distintos sectores (Gobiernos, academia, empresas, sociedad civil y otros actores interesados) en torno a la implementación de las Normas de conducta para las empresas para abordar la discriminación contra las personas LGBTI.
• Facilitar el intercambio regional entre distintos actores en relación a las mejores prácticas emprendidas por las empresas en relación a la protección e inclusión de las personas LGBTI en sus negocios.
• Sensibilizar sobre los desafíos pendientes y preocupaciones de las organizaciones de la comunidad LGBTI.
• Explorar cómo los gobiernos y las empresas, los empleadores y las organizaciones de personas LGBTI pueden colaborar en la reconstrucción de la economía regional después de COVID-19, a través de prácticas comerciales responsables e inclusivas a fin de aumentar la sostenibilidad, la resiliencia y que no deje a nadie atrás.
• Brindar insumos a las conclusiones del V Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe que puedan ser de relevancia para el noveno período de sesiones del Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que se celebrará del 16 al 18 de noviembre de 2020 en Ginebra, y que se centrará en las acciones necesarias para fomentar el respeto corporativo de los derechos humanos, con especial atención a las acciones preventivas.

Sesión Organizada por PODER

Desde hace bastante tiempo, la conexión entre la agenda de empresas y derechos humanos y la lucha contra la corrupción no ha sido necesariamente tan evidente como debería ser.
La corrupción estructural es una manifestación del fenómeno más amplio de la captura del Estado. El débil desempeño de nuestros estados como garantes de derechos en la protección de los derechos humanos y como reguladores de la economía, es una consecuencia de este fenómeno, por lo que la lucha contra la corrupción siempre debe considerar una perspectiva de derechos humanos y estar estrechamente relacionado con los esfuerzos para cambiar la forma en que se hacen los negocios.
Esta sesión abordará el tema de la corrupción, la captura del Estado, los vínculos con las empresas y la agenda de derechos humanos y cómo los diferentes instrumentos que se están desarrollando e implementando desde la perspectiva de BHR podría contribuir a la agenda anticorrupción.
Objetivos

• Identificar los vínculos entre la captura del Estado y los fenómenos de corrupción estructural
• Abordar las conexiones entre la lucha contra la corrupción y la agenda de BHR
• Explorar cómo los instrumentos y principios de BHR podrían ser fundamentales en la lucha contra la corrupción

Sesión organizada por UNICEF América Latina y el Caribe

Descripción y objetivos de la sesión:
La crisis socioeconómica generada por la pandemia del COVID-19 en América Latina y el Caribe ha tenido un impacto inmediato y severo en las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes de la región.
Por un lado, el colapso de los servicios públicos está generando que millones de niños, niñas y adolescentes en la región no puedan acceder, por ejemplo, a controles médicos, servicios de cuidado o a la educación presencial. Estimaciones de UNICEF reportan que 141 millones de niños, niñas y adolescentes, más del 95% de la población escolar en la región, han sido afectados por el cierre de las escuelas. Asimismo, la demanda sin precedentes por opciones de educación remota e interacciones en línea ha llevado tanto a agravar la brecha digital en una región donde sólo 4 de 10 hogares cuentan con conexión de banda ancha fija, como a recrudecer los riesgos en línea y fuera de ella para niños, niñas y adolescentes expuestos a múltiples formas de violencia.
Por el otro lado hay que considerar que las familias en la región ya estaban enfrentando desafíos tales como bajos salarios y mínimas protecciones sociales (con 50% de los trabajadores en la economía informal, OIT 2019). El impacto en el desarrollo de la inestabilidad económica generada por el COVID-19 en la capacidad de cuidado de padres y madres, así como la importancia de integrar las voces de niños, niñas y adolescentes en la política pública, son dos problemas que no pueden dejarse de lado durante la recuperación a mediano y largo plazo en América Latina y el Caribe.
En este contexto, el sector privado tiene un rol clave que jugar en la recuperación, así como una increíble oportunidad para alinearse, junto con los Estados, sociedad civil, la academia y los representantes de la infancia y adolescencia, hacia una agenda de derechos humanos y empresa robustecida. Esta sesión presentará iniciativas concretas que se llevaron a cabo durante el contexto del COVID-19, respondiendo a estas problemáticas y presentando un camino hacia adelante.

Preguntas clave de la discusión
¿Por qué es relevante hablar de derechos del niño cuando hablamos de la recuperación socioeconómica y la agenda de derechos humanos y empresa?
¿En términos de la disrupción de servicios esenciales para niños, niñas y adolescentes y sus familias, cuál es el rol del sector privado?
¿Cuáles son las principales barreras para asegurar que exista esta sinergia entre los Estados, la sociedad civil y el sector privado para articular soluciones en pro de la infancia y sus familias?
¿Desde la perspectiva del sector privado, cuáles son los incentivos y razonamientos para invertir tiempo y recursos en la agenda de derechos humanos y derechos del niño, en un contexto como el del COVID-19?
¿Cómo se pueden adecuar estas recomendaciones y reflexiones para una empresa pequeña o mediana, la cual enfrente muchos más desafíos? ¿Y cómo se aplican las mismas para la economía informal?

Formato de la sesión: conversatorio

Antecedentes de la discusión

• La integración de los derechos del niño en la agenda de derechos humanos y empresas es un componente crucial para capturar el espectro de la debida diligencia corporativa, y debe ser reflejada en los documentos de la agenda de DDHH y Empresas tales como PANs y similares
• Las políticas públicas que consideran la situación de niños, niñas y adolescentes durante el COVID-19, con una implementación adaptada y factible por empresas junto a un sistema de reporte y calidad por los Estados, tienen el potencial de beneficiar directamente a millones de familias en la región
• Las políticas que favorecen a las familias en el lugar de trabajo permiten a padres y madres contar con tiempo, servicios y recursos para la crianza de sus hijos e hijas. Estos incluyen, entre otros, la extensión de las licencias parentales, una cultura de trabajo donde se normaliza la lactancia materna, acceso a un centro de primera infancia asequible y de calidad, salarios dignos y la promoción de la parentalidad positiva.

Documentos clave

• Impacto del COVID-19 en niños, niñas, adolescentes y sus familias en América Latina y el Caribe, UNICEF (disponible aquí)
• Maternidad y paternidad en el lugar de trabajo en América Latina y el Caribe: revisión de políticas nacionales para licencias parentales y soporte a la lactancia maternal en el lugar de trabajo, UNICEF y el International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG) (Resumen ejecutivo disponible aquí)
• Políticas que favorecen a las familias y otras buenas prácticas laborales en el contexto del COVID-19: Principales medidas que los empleadores pueden poner en práctica, UNICEF, OIT & ONU Mujeres (disponible aquí)
• Buenas prácticas para empresas de generación, transmisión y distribución eléctrica, Ministerio de Energía de Chile y UNICEF (disponible pronto)

Session organized by the International Organization of Employers (IOE)  

Brief description

Session description:
SMEs are the backbone of basically all economies around the world. According to the World Bank estimations, they represent about 90% of businesses and more than 50% of employment worldwide. In emerging markets, most formal jobs are generated by SMEs, which create 7 out of 10 jobs. They contribute to economic growth, spur innovation and economic diversification, and provide livelihoods. Moreover, SMEs are also part of Global Supply Chains as buyers and as suppliers.
SMEs have a crucial role to build back better in the context of the Covid-19 pandemic. The Latin American region, as the most affected region by restrictions on workers and workplaces closures, needs jobs and to overcome health, social and economic inclusion needs. In order to better understand the challenges, concerns and opportunities with regards to realizing responsible business conduct in difficult times, this session aims to identify innovative approaches to support SMEs in their efforts to contribute to build back better along with a reinvigorated effort to translate UNGP’s into meaningful business responses to strengthen frameworks and to better include them in the relevant debates at national and international level.
The session is not a once off event but is part of a larger IOE SME engagement. The IOE and its 150 members independent business organizations worldwide, representing more than 50 million companies, will follow-up, together with other stakeholders and business partners, the outcomes of this session and will directly contribute to their implementation. The outcomes of this session will be also integrated into the IOE`s project on strengthening the UN Resident Coordinators engagement with the private sector as well as the IOE`s engagement within the G20 and G7.

Sesión organizada por Oxfam

Breve descripción de la sesión
Esta sesión representa un espacio multiactor para poder analizar avances y retos en la implementación del CPLI en el contexto de las actividades empresariales, desde diferentes miradas, reflexiones y prácticas: pueblos indígenas, sociedad civil, Estado y sector privado. Todo ello con el afán de analizar cómo el CPLI, además de ser una importante expresión de su derecho a la autonomía y libre determinación, es en el mejor interés de todas las partes involucradas. Esto representa un gran desafío, principalmente en el proceso de reactivación económica que vienen impulsando los países tras la suspensión de proyectos de inversión y las medidas para facilitar las inversiones en Latinoamérica, garantizando los derechos de los pueblos indígenas, y promoviendo las mejores prácticas corporativas.
 
Objetivos de la sesión

Preguntas clave de la discusión

Formato de la sesión

Facilitación: Oxfam - Perú

• El rol de los Estados como garantes en la implementación del CPLI en el contexto de las actividades empresariales, lecciones aprendidas y principales desafíos - Augusto Jordán Rodas Andrade (Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala y  Representante de la Federación Iberoamericana del Ombudsman)
• Los retos de CPLI para garantizar derechos indígenas desde la visión de las mujeres, en proceso mineros y petroleros en el Perú - Melania Canales (Coordinadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas - ECMIA Sur y presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Amazónicas y Andinas del Perú - ONAMIAP)
• La construcción de protocolos de consulta y el rol de las empresas, en línea con los estándares internacionales en materia de CPLI, desde las experiencias del pueblo zapoteco en México - Maira Olivo Paz (Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto)
• Experiencias prácticas entidad certificadora con compromisos y prácticas de CLPI - Lisa Sumi (Directora de Estándares y Garantía, Initiative for Responsible Mining Assurance - IRMA)
• Lecciones aprendidas sobre experiencias de la implementación del CPLI en América Latina - Daniel Cerqueira (Investigador, Due Process of Law Foundation- DPLF)

Antecedentes de la discusión
El reconocimiento de la Consulta y el Consentimiento, Libre Previo e Informado (CPLI) son uno de los logros más sustantivos de las últimas décadas en términos de derechos de los pueblos indígenas. Su definición propuesta por la Convenio 169 de la OIT (C. 169 OIT), y después más ampliamente por la Declaración de Los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU (Art 19), consolidan el CPLI como uno de los estándares de derechos humanos para la implementación de políticas públicas y la realización de cualquier actividad en territorios indígenas (Arts 15, 17 C. 169 OIT).

En Latinoamérica, los conflictos entre empresas, Estados, pueblos y comunidades indígenas están a menudo asociados a la disputa por los bienes comunes naturales/recursos naturales, lo que coloca el tema de la CPLI en el centro de las relaciones y tensiones.

El CLPI también ha avanzado como marco de referencia para las mejores prácticas por parte de grandes empresas,[1] organizaciones empresariales internacionales, instituciones financieras y entidades de certificación. El compromiso ya es reconocido por instituciones como la Corporación Financiera Internacional (CFI), el Forest Stewardship Council (FSC), la Iniciative for Responsible Mining Assurance (IRMA) y el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), entre otras.

En este contexto de cuarentena extendida por el COVID-19, las comunidades se enfrentan a una capacidad reducida para la defensa de sus territorios y del medio ambiente, pues sus espacios para la toma de decisiones comunitarias están restringidos frente a proyectos extractivistas y de infraestructura que siguen avanzando, también a causa de la ausencia del Estado como garante en dichos territorios. En una reciente resolución sobre la pandemia y los derechos humanos, la CIDH instó a suspender la concesión de permisos para proyectos extractivos y otros proyectos de explotación de los recursos naturales en los territorios de los pueblos indígenas y en sus proximidades[2]. A pesar de ello, algunos Gobiernos han intentado impulsar sus agendas extractivistas incluso mediante procesos de consulta previa por medios virtuales, lo cual ha sido rechazado por pueblos indígenas y organizaciones sociales en toda Latinoamérica[3].

[1] En 2018 y 2019, Oxfam Brasil llevó a cabo un análisis sobre políticas corporativas específicas de CLPI con 21 empresas multinacionales brasileñas y publicó el informe "Não é Não" durante dos años seguidos. El informe presentado en la "IV Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos" demuestra la imp
ortancia de que las empresas hagan un compromiso público inequívoco y explícito con el consentimiento previo e informado.
[2]    CIDH. (2020). Pandemia y derechos humanos en las Américas, Resolución 1/2020. Recuperado de www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf
[3]    Ver el comunicado público de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC): Rechazo a mecanismos virtuales de consulta previa, 15 abril 2020.Recuperado de https://opiac.org.co/comunicado-publico-rechazo-a-mecanismos-virtuales-de-consulta-previa/. Pronunciamiento de las organizaciones indígenas y de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú: Consultas virtuales van contra el diálogo intercultural y el derecho a la consulta previa libre e informada de los pueblos indígenas u originarios en https://peru.oxfam.org/latest/stories/pronunciamiento-consultas-virtuales-van-contra-el-di%C3%A1logo-intercultural-y-el-derecho

Sesión organizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)  

Breve descripción de la sesión 

Las consecuencias del brote de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) en todo el mundo no tiene precedente. La pandemia está afectando fuertemente a los mercados de trabajo y a las economías. Para muchos niños y niñas y sus familias, la situación de rápida evolución significa la interrupción de la educación y del cuidado de las niñas y niños, enfermedades familiares y pérdida potencial de ingresos familiares. La ausencia de sistemas adecuados de protección social y de políticas de atención exacerba la vulnerabilidad de las familias trabajadoras a la crisis. Además, el aumento de la carga de trabajo no remunerado que trae la crisis afecta más a las mujeres que a los hombres. Sin acción, la desigualdad de las mujeres en el lugar de trabajo será cada vez mayor, ya que el trabajo de cuidado no remunerado es un factor clave para determinar si las mujeres permanecen en el empleo y la calidad de los trabajos que realizan.

La agenda centrada en el ser humano para el futuro del trabajo fortalece el contrato social colocando a las personas y el trabajo que realizan en el centro de la política económica y social y de la práctica empresarial. Uno de los pilares propone una mayor inversión en las capacidades de las personas con la recomendación de desarrollar una agenda transformadora para la igualdad de género que reconozca, entre otras cosas, que el mundo del trabajo comienza en casa y que las políticas deben promover que se comparta el trabajo de cuidado no remunerado en el hogar para crear una auténtica igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo.

Esta sesión cubrirá las políticas y prácticas favorables para la familia con enfoque de género que pueden ser implementadas por los empleadores, dando a los padres y madres trabajadores el tiempo, la información, los servicios y los recursos que necesitan para hacer frente a la crisis, considerando el bienestar tanto de los cuidadores no remunerados como de los beneficiarios de cuidados.

Antecedentes 

• Políticas favorables a la familia y otras prácticas alimentarias en el lugar de trabajo en el contexto de COVID-19: Las medidas clave que pueden tomar los empleadores, marzo 2020, UNICEF, OIT y ONU Mujeres (disponible aquí)
• Monitor de la OIT: COVID-19 y el mundo del trabajo. Quinta edición Estimaciones y análisis actualizados, junio 2020 (disponible aquí)
• Declaración del centenario de la OIT para el futuro del trabajo, (disponible aquí)
• Declaración de Panamá para el centenario de la OIT: por el futuro del trabajo en las Américas (disponible aquí).

Mensajes clave

• Este círculo de “trabajo de cuidados no remunerado-trabajo remunerado-trabajo de cuidado remunerado" afecta las brechas de género en el trabajo remunerado y tiene implicaciones en la capacidad de las mujeres y los hombres para proporcionar trabajo de cuidado no remunerado.
• En todas las regiones y grupos de ingresos, cuando se contabilizan conjuntamente el trabajo remunerado y el trabajo de cuidado no remunerado, la jornada laboral es en promedio más larga para las mujeres (7 horas y 28 minutos) que para los hombres (6 horas y 44 minutos), a pesar de las diferencias significativas en el país.
• Tener empleo además de responsabilidades familiares, es la norma en todo el mundo. En 2018, 1.4 billones de adultos empleados vivían con dependientes del cuidado (0.5 billones de mujeres y 0.9 billones de hombres). Esto significa que, a nivel mundial, el 67,7% de las personas adultas empleadas, principalmente hombres, son potenciales cuidadoras no remuneradas.
• No se pueden lograr progresos sustantivos en la consecución de la igualdad de género en la fuerza de trabajo hasta que se aborden las desigualdades en el trabajo de cuidado no remunerado mediante el reconocimiento, la reducción y la redistribución eficaces del trabajo de cuidado no remunerado entre mujeres y hombres, así como entre las familias y el Estado.
• En el contexto COVID-19, los empleadores pueden considerar el impacto potencial de los arreglos de vida del trabajador. Por ejemplo, la posibilidad de que los trabajadores tengan responsabilidades de cuidado de niños o dependientes, relaciones conflictivas, violencia doméstica, condiciones de salud a largo plazo o discapacidades.
• La evaluación de la situación familiar y de atención de los trabajadores durante la crisis COVID-19 permitirá diseñar políticas adaptadas que respondan a las verdaderas necesidades.
  
  

Breve descripción de la sesión 
La sesión tiene como finalidad presentar los hallazgos obtenidos en el marco del Proyecto “Empresas transnacionales y Principios Rectores: hacia mecanismos efectivos para la protección de derechos humanos en América Latina”, identificando las dificultades, tareas pendientes y retos para una adecuada implementación de los Principios en los 4 países que comprende el Proyecto. La particularidad es que los actores encargados de presentar tales hallazgos son los mismos representantes de las comunidades (sean indígenas, campesinas o afrodescendientes) impactadas por las actividades mineras. Se resaltarán las prácticas de las empresas, el comportamiento de los Estados, las barreras jurídicas y vacíos existentes en las normas nacionales para una adecuada implementación de los Principios Rectores. Asimismo, aprovechando la presencia del Sr. Marcos Orellana, Relator Especial sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, en esta sesión de trabajo se abordarán los impactos ocasionados en la salud de estas comunidades. En esa línea, la representante del Perú que dará su testimonio es la lideresa Carmen Chambi, de Espinar, Cusco. Ella abordará la problemática de salud existente en la provincia de Espinar, y además como representante de la Plataforma de Afectados por Metales Tóxicos de Perú, presentando su testimonio respecto a cómo los impactos de la minería en su comunidad han generado un grave problema de salud pública entre muchos ciudadanos de Espinar, que tienen metales pesados en su organismo.

Objetivos de la sesión 

- Examinar las prácticas de determinadas empresas transnacionales mineras y sus impactos sobre derechos humanos en Argentina, Brasil, Colombia y Perú, en el marco de los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos;
- Identificar los principales problemas y obstáculos para una adecuada implementación de los Principios Rectores en Argentina, Brasil, Colombia y Perú, actualizando el análisis al contexto actual de emergencia sanitaria;
- Examinar los obstáculos y retos existentes para abordar la situación de los afectados por metales pesados como consecuencia de la actividad minera;
- Examinar estrategias de la sociedad civil para mejorar los niveles de protección de los derechos humanos de las comunidades afectadas por las actividades extractivas en Argentina, Brasil, Colombia y Perú;

Temas clave de la discusión

• Examen de la aplicación de los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos a partir de la situación de comunidades afectadas por las actividades mineras en 4 países de América del Sur
• Examen y discusión sobre el comportamiento de empresas transnacionales mineras a la luz de los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos en 4 países de América del Sur.
• Análisis y debate sobre estrategias de la sociedad civil para mejorar la implementación de los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos y reducir la vulnerabilidad de las comunidades afectadas por las actividades mineras.
• Examen de la situación de los afectados por metales pesados como consecuencia de las actividades mineras.

Panel

• Marcos Orellana, Relator Especial sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos
• Leonidas Wiener, CooperAcción, Acción Solidaria para el Desarrollo, Coordinador del componente de incidencia del Proyecto "Empresas transnacionales y Principios Rectores: hacia mecanismos efectivos para la protección de derechos humanos en América Latina".
• Carmen Chambi, Lideresa de Espinar (Cusco, Perú) y representante de la Plataforma de afectados por metales tóxicos.
• Johana Villagrán, Presidenta y lideresa de la comunidad campesina del Bolsón de Fiambalá, Organización ACAMPA (Asociación Campesina del Abaucán).
• Wandeberg de Oliveira, Líder y educador social, comunidad Piquiá de Baixo (municipio de Açailândia, Estado de Maranhão, Brasil)
• Misael Socarras, Líder indígena, comunidad de La Gran Parada, miembro de la Asociación Fuerza de Mujeres Wayuu, coordinador del área de agua y medio ambiente de dicha organización.

Esta sesión es organizada por Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Guatemala -UDEFEGUA-, Plataforma Internacional contra la Impunidad, ERIC-SJ, Plataforma ENI, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales -DAR-, Global Witness y Protection International Mesoamérica.

En idioma español (sin interpretación)

Breve descripción
El evento busca acercar la realidad de personas defensoras de los derechos humanos en comunidades rurales, quienes, en toda la región, defienden las tierras y los territorios que habitan. Hombres y mujeres de estas comunidades han sido desplazados por el avance de industrias extractivas diversas como la minería metálica, la generación a gran escala de energía y la expansión de monocultivos. Sólo en Centroamérica las plantaciones de palma aceitera oficialmente registradas a finales del 2016 sobrepasaban las 370.000 hectáreas. Estas industrias continúan proliferando de manera acelerada gracias a los incentivos que los Estados han concedido a empresas trasnacionales y locales, que incluyen desde beneficios fiscales hasta flexibilidad en las normas de dominio de tierras.

En este tipo de negocios, los inversionistas buscan maximizar sus ganancias al menor costo posible, lo que sugiere que buena parte de los costos de producción se externalizan negativamente, contaminando el ambiente, pagando salarios ínfimos, valiéndose del trabajo de familias enteras y envenenando la tierra. Las comunidades pobres y excluidas son las que sufren los peores impactos. Los Estados incumplen sus deberes de protección y garantías de los derechos humanos al adjudicar privilegios a grandes plantaciones, colocando en riesgo los cultivos de alimentos y vulnerando la soberanía alimentaria de comunidades campesinas y pueblos indígenas.

Desde hace algunos años, también se vienen denunciando impactos en la salud de las mujeres. La Relatora Especial del Derecho a la Alimentación, en 2015 (informe A/HRC/31/51) ha considerado las afectaciones sobre los derechos reproductivos de las mujeres expuestas, durante las labores agrícolas, a productos químicos y sustancias tóxicas que les colocan en riesgo de sufrir abortos espontáneos y nacimientos prematuros además de afectar el desarrollo de lactantes. Aún cuando el Comité de la CEDAW, adoptó su recomendación general No. 34 sobre derechos de las mujeres en zonas rurales, estas condiciones persisten.

- Objetivo

El objetivo de este evento es dar viabilidad a los problemas que se generan por la imposición de un modelo extractivista en el campo y discutir propuestas para el abordaje a partir de la vivencia y experiencia de diferentes actores sociales.

- Preguntas claves

La participación de empresas agrícolas en graves violaciones de derechos humanos y la impunidad son problemas antiguos en toda la región. Se acompañan de un patrón de agresiones contra las comunidades que defienden sus derechos: desalojos violentos, persecución, criminalización, amenazas, ataques e incluso asesinatos. Este evento tomará ejemplos concretos de la región y un análisis transversal de los patrones imperantes alrededor de las actividades de empresas agrícolas y la defensa de los derechos humanos.

En los últimos tres años más empresas, a lo largo del continente, vienen manifestando interés en los Principios Rectores de Naciones Unidas (PRNU) y la formulación de Planes Nacionales de Acción sobre empresas y derechos humanos. En algunos planos locales, empresas están empezando a buscar espacios de encuentro con organizaciones y líderes de la sociedad civil, facilitados por actores internacionales para discutir las implicaciones de los PRNU en los diferentes países donde están operando. Estos ejercicios incipientes todavía encuentran mucha desconfianza por parte de las personas y colectivos que, al defender derechos humanos, han sido objeto de violencia, represión y criminalización. ¿Cómo abordar los temores resultantes de reiteradas experiencias de abusos y exclusión? ¿Qué más se puede hacer para que los Estados cumplan con su deber de protección en contextos de fuerte influencia de las empresas? ¿Qué implica la debida diligencia de las empresas?

- Formato

Problemas y desafíos

• Marina Comandulli, Global Witness
• Ángel Tiul, CONGCOOP/ENI
• Pedro Landa, ERIC-SJ
• Pablo Prado, Universidad de San Carlos

Propuestas de abordaje

• Aida Gamboa, DAR
• Catalina Román, CARGILL

Discusión en la mesa, preguntas y comentarios del público

Moderación: Anabella Sibrián, Protection International Mesoamérica

Sesión organizada por las Redes Locales de América Latina de Pacto Global de las Naciones Unidas 
 
Breve descripción de la sesión
El Pacto Global de las Naciones Unidas es la iniciativa corporativa de sostenibilidad más grande del mundo con alrededor de 11,000 empresas participantes a nivel mundial. En América Latina existen en la actualidad 14 Redes Locales que promueven la sostenibilidad y fomentan la alineación de los 10 Principios del Pacto Global con las organizaciones adheridas.
Hace 10 años aproximadamente, se adaptaron los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, un marco legal para que las empresas respeten los derechos humanos mediante la implementación de un proceso de debida diligencia que consiste en identificar, prevenir, mitigar y responder frente a los posibles impactos en derechos humanos. Si bien ha habido logros significativos en estos 10 años, todavía queda un amplio camino por recorrer para alcanzar el respeto hacia los derechos humanos por parte del sector privado.
Las cadenas de valor constituyen la piedra angular para el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, debido a la pandemia generada por el COVID-19 se ha probado la fragilidad y la desaceleración económica, por lo que el enfoque del respeto a los derechos humanos corre el riesgo de quedar relegado a otras preocupaciones de las empresas.
Las Redes Locales del Pacto Global buscan que las empresas adheridas a la iniciativa implementen los 10 Principios. Los Principios 1 y 2 se centralizan en derechos humanos y apuntan al marco legal de los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos. Por esta razón, el objetivo principal de esta sesión es demostrar cómo las empresas de los países latinoamericanos están implementando estos Principios, exponer las buenas prácticas en derechos humanos por parte de la cadena de valor y finalmente, mostrar los esfuerzos que debe realizar el sector privado en la próxima década para el respeto a los derechos humanos.

Objetivos de la sesión

• Presentar la implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos
• Demostrar las buenas prácticas en el manejo de la cadena de valor en los derechos humanos en algunos de los países latinoamericanos
• Exponer las lecciones aprendidas de las compañías que hacen parte de la cadena de valor en el avance del proceso de debida diligencia en derechos humanos
• Determinar los próximos pasos para los siguientes años en el mejoramiento de la implementación del proceso de debida diligencia en derechos humanos en las empresas que componen la cadena de valor

Sessão organizada pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) e Rede Brasil do Pacto Global 

Breve descrição da sessão 
Em Março de 2020, pouco mais de dois meses após o surto da doença viral COVID-19 na cidade chinesa de Wuhan, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a propagação da doença como um caso de pandemia e mobilizou a comunidade global a tomar medidas de proteção. Neste contexto, os impactos sobre a saúde global também estão diretamente ligados a impactos sociais e econômicos que podem afetar a população de todo o mundo e ameaçar a garantia dos direitos humanos, principalmente aos grupos em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
Sendo assim, o surto de COVID-19 estabeleceu um desafio global sem precedentes, impactando pessoas em todo o mundo. A atual crise tem um impacto direto no direito à vida e à saúde, bem como impactos indiretos sobre outros direitos humanos fundamentais. À medida que a economia global é atingida por uma enorme crise, os impactos no direito de condições justas e favoráveis de trabalho são um desafio a todos.
A pandemia de Covid-19 apresentou novos desafios de direitos humanos para as empresas, além de agravar os problemas existentes. Esses desafios evoluirão com o tempo e é importante que as empresas desenvolvam um pensamento claro sobre maneiras de conduzir os negócios com responsabilidade durante e após a crise. A responsabilidade corporativa de respeitar os direitos humanos, conforme articulada nos Princípios Orientadores da ONU sobre Direitos Humanos, é constante - em tempos de calma e crise. Michelle Bachelet (Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos) destacou que “os direitos humanos precisam estar na frente e no centro da resposta” ao Covid-19.
Assim, é de responsabilidade conjunta de governos, empresas e sociedade civil a tomada de ação imediata no sentido de proteger a saúde dos trabalhadores e garantir um nível básico de segurança financeira e econômica, principalmente àqueles que já pertencem a grupos de riscos – trabalhadores da base da cadeia de suprimentos, mulheres, pessoas com deficiência, população marginalizada, trabalhadores migrantes e refugiados.

Objetivos da sessão

• Demonstrar as melhores práticas das empresas no enfrentamento a pandemia
• Compartilhar os desafios encontrados para incluir a ótica de direitos humanos nas ações empresariais
• Debater qual e como será a retomada sustentável

Descripción breve de los objetivos 
 
El objetivo del evento es discutir el rol del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como espacio internacional de protección de derechos en el contexto de actividades empresariales, espacio de desarrollo y construcción de estándares aplicables en la región, y de espacio que pueda informar, articular y dialogar con otras iniciativas globales sobre dicha temática.

A finales de 2015 la CIDH aprobó su primer informe temático referido a los derechos humanos de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en el contexto de las actividades de industrias extractivas y proyectos de desarrollo. Este supuso un primer gran esfuerzo a nivel interamericano por elaborar un informe temático dentro de este ámbito, dada la recurrencia de denuncias e información recibida en la región al respecto. En noviembre de 2019, la CIDH aprobó un segundo informe temático elaborado por su REDESCA denominado “Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos” en donde mediante un abordaje general se sistematiza y reúne diversos pronunciamientos que se han dado dentro del sistema interamericano en relación con el ámbito de empresas y derechos humanos y en donde mediante un análisis sistemático y evolutivo se busca clarificar, organizar y desarrollar el contenido de las obligaciones de los Estados en este ámbito y los efectos que a nivel general se pueden producir sobre las empresas teniendo como base central los principales instrumentos jurídicos interamericanos. Ello sumado a diversos pronunciamientos y actividades realizadas en el marco de sus diferentes mecanismos de trabajo, tales como en el sistema casos o solicitudes de opinión consultiva ante la CorteIDH, trabajo de monitoreo de situación de derechos humanos, audiencias públicas, comunicados de prensa, visitas in loco, etc.

A partir de estos antecedentes, este evento propone discutir los retos y oportunidades que se presentan en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para un tratamiento constructivo y adecuado dirigido a la protección de derechos frente a amenazas, abusos y violaciones de derecho humanos en el contexto de actividades empresariales en la región, el dialogo está orientado a dar visibilidad al alcance y mejor uso que se puede realizar de sus diferentes mecanismos en este ámbito, el rol que pueden jugar sus órganos (CIDH y Corte IDH), la articulación con otros espacios y los siguientes pasos que se puede vislumbrar en el contexto actual.

El evento busca contribuir como espacio de dialogo a partir de la experiencia interamericana para continuar identificando áreas de fortalecimiento y convergencia dentro de este ámbito, como oportunidades para los actores y usuarios del sistema interamericano.
 

VEA AQUÍ EL VIDEO DE LA SESIÓN

A fin de permitir un intercambio más amplio de ideas y de información, el Foro incluirá por primera vez sesiones de "presentaciones instantáneas" en las que los/as participantes que hayan sido seleccionados/as podrán compartir sus proyectos o iniciativas con el público del Foro mediante presentaciones de vídeo o en vivo.

La presentaciones que forman parte de esta sesión han sido seleccionadas competitivamente de entre las distintas propuestas recibidas, y ofrecen una mirada plural de distintas iniciativas en curso llevadas a cabo por una pluralidad de actores y sobre una diversidad de temáticas.

SNAPSHOTS

This year’s Forum will accommodate only a limited number of plenary sessions. However, in order to enable a wider exchange of new insights and developments, the Forum will include for the first time “snapshots sessions” where selected participants will be able to share their projects or initiatives with the wider forum’s audience through video presentations or life.

The presentations featured in this session have been competitively selected from among the different proposals received, and offer a plural look at various initiatives being carried out by a plurality of actors on a diversity of topics.


AGENDA

• Introducción
• Presentación videos:

1. El Proyecto sobre empresas y derechos humanos en elmundo de la tecnología -  "B-tech" de OACNUDH. Natalie Stadelmmann - Unidad de empresas y derechos humanos, OACNUDH/Ginebra
2. "Empresas y derechos humanos: el papel de la Relatoría de la ONU sobre desechos tóxicos". Marco Orellana, Relator Especial de Naciones Unidas sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente relacionales de las sustancias y los derechos peligrosos.
3. Presentación del proyecto “Análisis de la aplicabilidad y eficacia de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos": Argentina, Brasil, Colombia y Perú”. Leónidas Wiener, Asesor Legal, Cooperación (Perú). 
4. Presentación de la publicación: “Gobernanza de la Seguridad Privada y Planes Nacionales de Acción”, Jean-Michel Rousseau. Jefe Adjunto, Division de Empresas y Seguridad, DCAF – Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de Seguridad
   

• Preguntas y Respuestas (15 min)

A fin de permitir un intercambio más amplio de ideas y de información, el Foro incluirá por primera vez sesiones de "presentaciones instantáneas" en las que los/as participantes que hayan sido seleccionados/as podrán compartir sus proyectos o iniciativas con el público del Foro mediante presentaciones de vídeo o en vivo.

La presentaciones que forman parte de esta sesión han sido seleccionadas competitivamente de entre las distintas propuestas recibidas, y ofrecen una mirada plural de distintas iniciativas en curso llevadas a cabo por una pluralidad de actores y sobre una diversidad de temáticas.

SNAPSHOTS

This year’s Forum will accommodate only a limited number of plenary sessions. However, in order to enable a wider exchange of new insights and developments, the Forum will include for the first time “snapshots sessions” where selected participants will be able to share their projects or initiatives with the wider forum’s audience through video presentations or life.

The presentations featured in this session have been competitively selected from among the different proposals received, and offer a plural look at various initiatives being carried out by a plurality of actors on a diversity of topics.


AGENDA

• Introducción
• Presentación videos:

1. Presentación del Fondo sobre Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe. Vinícius Pinheiro, Director Regional de la OIT para América Latina, Organización Internacional del Trabajo (OIT)
2. Presentación del proyecto “Mujer y covid-19: superando los impactos desproporcionados mediante conductas empresariales responsables". María Adelaida Palacio Puerta, Gerenta, Sisma Mujer.
3. Presentación del “Proyecto de capacitación y certificación de pequeñas y medianas empresas de Colombia, Ecuador y Panamá en prácticas de Conducta Empresarial Responsable: CER-PYME.” Alison Páez, Cámara de Comercio Colombo – Holandesa/Holland House Colombia 
4. Presentación del Proyecto “Entender y prepararnos para la debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente en América Latina”  Diana Figueroa Prado, Representante e Investigadora para México, Centroamérica y el Caribe, Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos
   

• Preguntas y Respuestas (15 min)

Sesión organizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
Esta sesión contará con interpretación español-inglés-portugues 

(Ensligh version of this concept note enclosed)

Breve descripción de la sesión

Desde el año 2011, la expectativa de que las empresas realicen la debida diligencia para identificar, prevenir y mitigar los impactos adversos de sus operaciones y cadenas de suministro en las personas, el planeta y la sociedad, ha ido creciendo de manera exponencial. Cada vez más, los gobiernos están adoptando una combinación inteligente de medidas complementarias, que involucran elementos nacionales e internacionales, tanto obligatorios como voluntarios, para alentar a las empresas a llevar a cabo la debida diligencia para una conducta empresarial responsable (CER).
En este sentido, durante los últimos años hemos sido testigos de un aumento significativo de legislación sobre debida diligencia especialmente en la Unión Europea: el Reino Unido, Francia, los Países Bajos y Australia. En la actualidad, varios países están considerando hacer lo mismo y la Unión Europea, por su parte, está estudiando vías para mejorar significativamente los requisitos de debida diligencia. Aunque actualmente no existen regulaciones similares en América Latina y el Caribe, la regulación extranjera tiene un impacto potencial significativo en las empresas que operan en la región a través de la exportación de productos, las relaciones comerciales y los distintos vínculos de las cadenas de suministro. La sesión brindará la oportunidad de discutir los últimos desarrollos sobre la regulación de debida diligencia con carácter vinculante y los efectos en las empresas que operan en y desde la región.

Al mismo tiempo, la sesión abordará cómo la debida diligencia para una CER puede ser una herramienta útil para las empresas en el contexto de la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Para una empresa, observar los estándares de CER e implementar la debida diligencia en su respuesta a la crisis ayudará a garantizar que sus decisiones ayuden a evitar y abordar los posibles impactos adversos, incluyendo en su cadena de suministro. Las empresas que tomen medidas proactivas para abordar los riesgos del COVID-19 de una manera que mitigue los impactos adversos sobre los trabajadores y las cadenas de suministro, también probablemente generen más valor y resiliencia en el largo plazo.

Objetivos de la sesión

La sesión tiene un objetivo doble.
Primero, discutir el impacto del aumento en la regulación de la debida diligencia para las empresas que operan en y desde América Latina y el Caribe (ALC).
En segundo lugar, abordar cómo la debida diligencia puede ser una herramienta útil para las empresas en el contexto de la crisis generada por la pandemia COVID-19 al evitar y abordar los impactos adversos de las respuestas empresariales a la crisis, pero también al generar una mayor resiliencia ante posibles crisis en el futuro.

Preguntas clave de la discusión

¿Qué significa para las empresas que operan en y desde América Latina el aumento de la legislación sobre debida diligencia obligatoria?
¿Cuáles son las lecciones aprendidas y las buenas prácticas entre las empresas de la región?
En este difícil contexto, ¿por qué es importante la CER y cómo puede abordar algunos de los desafíos que estamos viendo?
¿Qué importancia tiene la debida diligencia en la cadena de suministro para desarrollar mayor resiliencia y prevenir futuras crisis?

Antecedentes de la discusión

En los últimos años se ha observado un aumento en el número de iniciativas destinadas a promover la adopción de legislación sobre debida diligencia para una conducta empresarial responsable. Organizaciones de la sociedad civil, empresas e inversores han multiplicado las convocatorias y llamados en este sentido. Asimismo, a raíz de la promulgación de la ley francesa sobre el deber de vigilancia de 2017, varios países, como Alemania, Noruega, los Países Bajos y Suiza, han adoptado o están considerando adoptar una legislación que aliente o exija a las empresas a llevar a cabo alguna forma de debida diligencia. A nivel europeo, la Comisión de la UE solicitó la realización de un Estudio sobre requisitos de diligencia debida a lo largo de las cadenas de suministro - publicado en enero de 2020 - destinado, entre otras cosas, a analizar y definir opciones regulatorias en la materia, y recientemente anunció su voluntad de presentar una iniciativa de legislación sobre debida diligencia obligatoria.

La crisis generada por la pandemia COVID-19 está reforzando esta tendencia. La CER y la debida diligencia han adquirido mayor relevancia frente a las consecuencias graves y duraderas de la crisis sobre la vida de las personas, las sociedades y las economías. Implementarlas, puede ayudar a las empresas a identificar y gestionar mejor las vulnerabilidades medioambientales, sociales y de gobernanza en las cadenas de suministro. Como ha demostrado la crisis, esto también puede promover la resiliencia. En una encuesta aplicada a 300 empresas, el 70% señaló que una reacción oportuna se vio obstaculizada por la necesidad de identificar y mapear de forma manual su cadena de suministro inmediatamente después del brote. Los beneficios más amplios de los enfoques de conducta responsable ya se están haciendo evidentes y las empresas responsables están atrayendo cada vez más la atención de los inversores.

Ponente:

Dña. Lene Wendland, Jefa de la Unidad de Empresas y Derechos Humanos, OACNUDH/Ginebra

Antecedentes

En 2014, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) puso en marcha el Proyecto sobre rendición de cuentas y reparación (ARP, por sus siglas en inglés), con el objetivo de identificar las medidas prácticas que se pueden tomar para mejorar la rendición de cuentas de las empresas y el acceso a reparación para las personas afectadas por los abusos de los derechos humanos relacionados con las actividades empresariales. Las dos primeras fases del Proyecto se centraron en aumentar la eficacia de los mecanismos judiciales y extrajudiciales estatales, respectivamente, y dieron lugar a informes en los que se recomendaban medidas que los Estados podían utilizar con miras a mejorar progresiva y sistemáticamente la aplicación del tercer pilar de los Principios Rectores. La tercera fase del Proyecto expone las medidas recomendadas para mejorar la eficacia de los mecanismos de reclamación no estatales:

• Informe recursos judiciales (ARP I)
• Informe mecanismos no judiciales del Estado (ARP II)
• Informe mecanismos de reclamación no estatales (ARP III)

Más información sobre el proyecto.

Accountability and Access to Remedy Project (ARP)

The right to remedy is a core tenet of the international human rights system, and the need for victims to have access to an effective remedy is recognized in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights.
However, extensive research has shown that in cases where business enterprises are involved in human rights abuses, victims often struggle to access remedy. The challenges that victims face are both practical and legal in nature. To begin to address these challenges, OHCHR launched the Accountability and Remedy Project (ARP) in 2014 with a view to contributing to a fairer and more effective system of domestic law remedies in cases of business involvement in severe human rights abuses.

The Project, which has received multiple mandates from the Human Rights Council (Resolutions 26/22, 32/10 & 38/13), aims to deliver credible and workable recommendations to enable more consistent implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in the area of access to remedy. There are currently three phases of the Project:

• ARP I: Enhancing effectiveness of judicial mechanisms in cases of business-related human rights abuse
• ARP II: Enhancing effectiveness of State-based non-judicial mechanisms in cases of business-related human rights abuse
• ARP III: Enhancing effectiveness of non-State-based grievance mechanisms in cases of business-related human rights abuse

Sesión organizada por OHCHR

Breve descripción de la sesión 
La sesión explorará una variedad de formas en que los diferentes mecanismos e instancias facilitan el acceso a reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos relacionadas con empresas. Se resaltarán las buenas prácticas y las lecciones aprendidas, se discutirán las barreras jurídicas y prácticas para el acceso a reparación, así como los desafíos pendientes para fortalecer y garantizar un entorno propicio para la implementación de diversos mecanismos de reparación.

Objetivos de la sesión
- Examinar diversas vías disponibles para facilitar el acceso a reparación en casos de empresas y derechos humanos;
- Identificar los medios para superar las barreras para acceder a la reparación efectiva que enfrentan las personas titulares de derechos al acercarse a los mecanismos de reparación estatales y no estatales;
- Discutir los desafíos comunes que enfrentan los mecanismos de reparación estatales y no estatales para garantizar los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos relacionados con las empresas;
- Discutir las buenas prácticas adoptadas por los mecanismos de reparación estatales y no estatales para superar las barreras que enfrentan las víctimas y las personas defensoras de derechos humanos.

Formato de la sesión
Palabras introductorias a cargo de Alberto Brunori, Representante Regional de la Oficina Regional para América Central de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; intervenciones de panelistas y preguntas del público.
A continuación, el diálogo continuará en las salas de discusión paralelas de 13:30 a 13.30 EDT GMT/UTC -4 

• Sala 1: Representante pueblo Achí, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humnos, Comisión Internacional de Juristas
• Sala 2: Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación
• Sala 3: Puntos Nacionales de Contacto

Antecedentes de la discusión
El derecho a la reparación es un principio básico del sistema internacional de derechos humanos, y la necesidad de que las víctimas tengan acceso a una reparación efectiva está reconocido en los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos (Principios Rectores) y en las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (Líneas Directrices), ambos de 2011.
En su Pilar III, los Principios Rectores reflejan las expectativas de la comunidad internacional sobre el deber de los Estados de garantizar el acceso a mecanismos de reparación judiciales o extrajudiciales y el deber de las empresas de establecer o participar en mecanismos de reclamación eficaces de nivel operacional (también conocidos como mecanismos no estatales).
Por su parte, las Líneas Directrices establecen que los impactos potenciales de las empresas sobre los derechos humanos deben ser tratados a través de medidas de prevención o atenuación mientras que los impactos reales serán tratados con medios de reparación.
En ambos casos, los instrumentos establecen criterios de eficacia para mecanismos de reparación.
En 2017 el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas elaboró un informe que tituló “Todos los caminos hacia la reparación" estableciendo que “el acceso a la reparación efectiva se considera un prisma a través del cual se orientan todas las medidas adoptadas por los Estados y las empresas.”
En ese informe el Grupo de Trabajo indicó los elementos de una reparación efectiva y los tipos de reparación posibles, en tanto consideró que distintos mecanismos pueden ser más efectivos que otros según la situación y el contexto. Concluyó entonces que “la capacidad de los titulares de derechos para elegir y obtener un abanico de reparaciones en función de las circunstancias particulares de cada caso será, por lo tanto, una condición previa esencial para el acceso a reparaciones efectivas.” (UN Doc. A/72/162).
Asimismo, en 2014, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) puso en marcha el Proyecto sobre Rendición de Cuentas y Reparación con miras a contribuir a un sistema nacional de reparaciones más justo y eficaz en los casos de implicación de empresas en violaciones de los derechos humanos. El objetivo general de este proyecto ha sido identificar las medidas prácticas que se pueden tomar para mejorar la rendición de cuentas de las empresas y el acceso a reparación para las personas afectadas por los abusos de los derechos humanos relacionados con las actividades empresariales. Las dos primeras fases del Proyecto se centraron en aumentar la eficacia de los mecanismos judiciales y extrajudiciales estatales, respectivamente, y dieron lugar a informes en los que se recomendaban medidas que los Estados podían utilizar con miras a mejorar progresiva y sistemáticamente la aplicación del tercer pilar de los Principios Rectores. La tercera fase del Proyecto expone las medidas recomendadas para mejorar la eficacia de los mecanismos de reclamación no estatales. Los tres informes fueron solicitados y acogidos favorablemente por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) contempla en sus Líneas Directrices la obligación de las empresas de actuar con debida diligencia y reparar en caso de haber causado o contribuido a generar un impacto negativo sobre los derechos humanos y, a tal fin, cooperar con los mecanismos judiciales o no judiciales establecidos por el Estado. Al mismo tiempo las Líneas Directrices crean los Puntos Nacionales de Contacto que deben poner en marcha los Estados miembros de la OCDE y/o que adhieren a estas Líneas Directrices, que son mecanismos voluntarios y no judiciales a través del cual se pueden interponer quejas relacionadas con el incumplimiento de las empresas de tales directrices.
En este sentido, en América Latina y el Caribe se han venido desarrollando múltiples iniciativas para lograr el acceso a la justicia frente a las actividades empresariales. Sin embargo, a pesar del potencial de los diferentes mecanismos de reparación existentes, persisten numerosos desafíos en su acceso y efectiva utilización, relacionados con barreras formales e informales preexistentes y exacerbadas por un entorno de desigualdad estructural, pobreza multidimensional, discriminación, corrupción, barreras para el acceso a la información, y de desafíos de implementación de la consulta previa, libre e informada y mecanismos generales de participación, y dificultades específicas que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos.
Por ello, resultan fundamentales los espacios de diálogo multinivel para profundizar en las lecciones aprendidas y las prácticas promisorias y así contribuir a asegurar la reparación integral a las víctimas de violaciones a derechos humanos relacionadas con empresas.

Sesión organizada por OHCHR 

Breve descripción de la sesión
Esta sesión se presenta a continuación de la plenaria “Todos los caminos hacia la reparación. Perspectivas y desafíos regionales” y busca ofrecer un espacio de intercambio para profundizar con las y los expositores que allí participaron. En esta sala, estará presente la representante del MICI.

Objetivos de la sesión
Dar respuesta a las principales inquietudes del público vinculadas al acceso a la reparación de víctimas de violaciones de derechos humanos relacionadas con empresas ante el MICI, así como los oportunidades y desafíos de este mecanismo en la práctica.

Formato de la sesión
Espacio dedicado a profundizar la reflexión en torno al acceso al MICI.
Se recibirán preguntas del público a través del chat.

Antecedentes de la discusión
Ver sesión plenaria "Todos los caminos hacia la reparación. Perspectivas y desafíos regionales"
https://vfororegionallacbhr2020.sched.com/event/duzQ .

Sesión organizada por OCDE

Breve descripción de la sesión
Esta sesión se presenta a continuación de la plenaria “Todos los caminos hacia la reparación. Perspectivas y desafíos regionales” y busca ofrecer un espacio de intercambio para profundizar con las y los expositores que allí participaron. En esta sala, estarán presentes representantes de la Red de Puntos Nacionales de Contacto de la OCDE.

Objetivos de la sesión
Dar respuesta a las principales inquietudes del público vinculadas al acceso a la reparación de víctimas de violaciones de derechos humanos relacionadas con empresas ante los PNC, así como los oportunidades y desafíos de estos mecanismos en la práctica.

Formato de la sesión
Espacio dedicado a profundizar la reflexión en torno al acceso a los PNC.
Se recibirán preguntas del público a través del chat.

Antecedentes de la discusión
Ver sesión plenaria "Todos los caminos hacia la reparación. Perspectivas y desafíos regionales"
https://vfororegionallacbhr2020.sched.com/event/duzQ .

Sesión organizada por OHCHR 

Breve descripción de la sesión
Esta sesión se presenta a continuación de la plenaria “Todos los caminos hacia la reparación. Perspectivas y desafíos regionales” y busca ofrecer un espacio de intercambio para profundizar con las y los expositores que allí participaron.

Objetivos de la sesión
Dar respuesta a las principales inquietudes del público vinculadas a los aspectos prácticos en relación al acceso a la reparación de víctimas de violaciones de derechos humanos relacionadas con empresas ante diferentes mecanismos, inlcuida la Corte IDH y el GT empresas y derechos humanos.

Formato de la sesión
Espacio dedicado a profundizar la reflexión sobre los aspectos prácticos de acceso a reparación.
Se recibirán preguntas del público a través del chat.

Antecedentes de la discusión
Ver sesión plenaria "Todos los caminos hacia la reparación. Perspectivas y desafíos regionales"
https://vfororegionallacbhr2020.sched.com/event/duzQ .

Sesión organizada por la Oficina del Alto Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos 

Breve descripción de la sesión

En esta sesión se pondrán de relieve varias de las conclusiones y los próximos pasos que se debatieron durante las 31 sesiones de trabajo y las 7 sesiones preparatorias del V Foro Regional. Los participantes de diferentes orígenes compartirán sus principales conclusiones del Foro y pondrán de relieve las oportunidades de mejorar y trabajar juntos en una nueva realidad inclusiva, sostenible y responsable. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos también presentará un resumen del evento. Se cuidará cuidadosamente la interacción con el público para asegurar que las perspectivas, opiniones y recomendaciones como forma de avanzar de todos los interesados se escuchen de manera interactiva.

Session organized by the Office of the UN High Commissioner for Human Rights and the UN Working Group on Business and Human Rights  

The session will be held in Spanish, with interpretation to English and Spanish 

Brief description:
This session will highlight several of the conclusions and next steps discussed during the 31 working sessions and 7 preparatory sessions of the V Regional Forum. Participants from different backgrounds will share their key takeaways from the Forum and will highlight the opportunities for improvement and to work together on an a inclusive, sustainable and responsible new reality. The UN Working Group on Business and Human Rights will also present a sum up of the event. An interaction with the audience will be carefully taken care of to ensure that the perspectives, opinions and recommendations as a way forward of all stakeholders are heard in an interactive way.