La región latinoamericana enfrenta desafíos importantes en la realización del derecho a la reparación por vulneraciones de derechos, en especial aquellas producidas recientemente o en años pasados y están relacionadas a las actividades de empresas de negocios. Impactos negativos importantes se han producido en relación a derechos como la salud, agua y tierra, derechos de pueblos indígenas, y derechos laborales. Estos hechos involucran todo tipo de empresas y también muchas veces a los Estados. Destacan por su gravedad y frecuencia los impactos causados por industrias extractivas, muchas de ellas parte de grupos empresariales con sede en terceros países. El conflicto social resultante agrava estas situaciones, adicionando complejidad y gravedad a la situación. La complejidad de la organización de las empresas y de sus operaciones exacerba los obstáculos existentes al acceso a la justicia. El derecho internacional de los derechos humanos, especialmente los tratados de derechos humanos, reconocen el derecho de cada persona a un recurso efectivo y reparaciones en caso sus derechos sean vulnerados. La Convención Americana de Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona al debido proceso ante un juez independiente e imparcial en la determinación de sus derechos y obligaciones (art 8), así como el derecho a la tutela judicial contra actos violatorios de derechos reconocidos en la legislación nacional o la Convención Americana. La centralidad de estos derechos se ve reflejada también en los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos (Principio 25) el cual recuerda a los Estados que deben “tomar medidas apropiadas para garantizar, …que cuando se produzcan ese tipo de abusos en su territorio y/o jurisdicción los afectados puedan acceder a mecanismos de reparación eficaces.” De manera complementaria, el Principio 26 llama a los Estados a tomar medidas para superar “los obstáculos legales, prácticos y de otros tipos que puedan conducir a una denegación del acceso a los mecanismos de reparación.”
En este contexto, las judicaturas de varios países han tenido que conocer y decidir casos complejos relacionados a los impactos en los derechos humanos del accionar de las empresas, garantizando acceso a la justicia y reparaciones para los demandantes que incluyen comunidades indígenas, trabajadores, y sus asesores o defensores que muchas veces son objeto de amenazas y ataques por su trabajo. Una serie de decisiones judiciales han sido innovadoras e influyentes dentro del país y fuera de él aunque han habido pocos esfuerzos de sistematización de esas buenas prácticas en la región. El encuentro y diálogo entre jueces que se plantea intenta contribuir a llenar un vacio en este campo, brindando a jueces de alto nivel de la región que han tenido experiencia en casos relacionados a impactos de empresas sobre los derechos humanos la oportunidad de compartir esa experiencia (jurisprudencia, medidas procesales, protocolos internos o análisis) con otros jueces de la región para fomentar el aprendizaje mutuo. Se espera que esta actividad coadyuvará a que las judicaturas de la región cumplan mejor con su labor y responsabilidades en la administración de justicia en relación a la reparación en casos de vulneraciones por las empresas. El encuentro tiene lugar en el contexto del 5to Foro regional sobre empresas y derechos humanos sirve para que los gobiernos, las empresas y los actores de la sociedad civil intercambien periódicamente información sobre el progreso y los desafíos relacionados con los marcos jurídicos e institucionales de los Estados, las políticas empresariales y las iniciativas a nivel industrial y multiactor en materia de empresas y derechos humanos. Este año, en el contexto de las respuestas al COVID-19, el Foro regional se llevará a cabo por primera vez de manera virtual.
Objetivos
En consonancia con los objetivos del Foro Regional, el Diálogo planteado entre miembros de judicaturas Latinoamericanas, tiene como objetivos: 1. El intercambio de información y experiencias sobre los desafíos y la identificación de ejemplos de los avances de la judicatura en garantizar el acceso a la justicia y la reparación por los impactos empresariales negativos en los derechos humanos; 2. El intercambio de desafíos encontrado y la identificación de medidas de efecto positivo en asegurar un relacionamiento constructivo entre gobiernos, empresas y actores sociales, incluidas las medidas de protección de los defensores de derechos humanos frente a posibles represalias
Formato
La reunión que será virtual (debido al COVID-19) durará un total de 3 horas y se desarrollará en dos partes. La primera estará destinada a la discusión sobre los desafíos y avances en la garantía del derecho a la justicia y reparación en el contexto de actividades empresariales. Esto incluye la búsqueda de reparaciones en el contexto de procesos de justicia transicional en relación a los crímenes cometidos en el pasado en algunos países. La segunda parte se enfocará en los desafíos y avances en la protección y garantía de los derechos de los defensores de derechos humanos y del medio ambiente que trabajan en relación a las actividades de las empresas de negocios. Los jueces y magistrados participantes tendrán la oportunidad de compartir sus decisiones y sentencias u otros ejemplos de desafíos y avances sobre estos temas en su respectivo país. Un delegado/relator llevará lo esencial de las discusiones a la sesión plenaria sobre justicia y reparaciones del Foro Regional.
Participantes
El evento se dirige a jueces y magistrados de alto nivel de la región. Con el objetivo de asegurar un espacio de intercambio y la discusión en un marco de seguridad y confianza para los participantes, el evento no estará abierto a la participación pública. Sobre la CIJ Integrada por 60 eminentes jueces y abogados de todas las regiones del mundo, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) promueve y protege los derechos humanos a través del Estado de Derecho, utilizando su singular experiencia jurídica para desarrollar y fortalecer los sistemas de justicia nacionales e internacionales. Establecida en 1952 y activa en los cinco continentes, la CIJ tiene como objetivo asegurar el desarrollo progresivo y la implementación efectiva de los derechos humanos internacionales y el derecho internacional humanitario; asegurar la realización de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales; salvaguardar la separación de poderes; y garantizar la independencia del poder judicial y la abogacía.
