Sesion organizada por el Progama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
La sesion sera celebrada en espanol. Breve descripciónSegún señala el
Informe sobre Desarrollo Humano 2019. Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente, la ciudadanía está tomando las calles por diferentes motivos y la conflictividad social muestra un hilo conductor: la profunda y creciente frustración que generan las desigualdades sociales. Esta situación se ha visto exacerbada por la COVID-19 y lo que lo que ocurra a continuación dependerá de las decisiones que se tomen hoy y que deben comenzar por el compromiso de abordar el desarrollo humano en toda su complejidad y aunar esfuerzos para ayudar a los países y comunidades a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
las desigualdades
El escenario post COVID-19 requiere reconfigurar un contrato social para permitir garantizar la convivencia, construir confianza y promover una participación más significativa de las comunidades para brindar respuestas superadoras a las demandas sociales. Sin ello, no es posible hacer realidad el ODS 16, cuyo objetivo es promover sociedades pacíficas e inclusivas para un desarrollo sostenible, proveer acceso a la justicia para todos y todas y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles.
Alcanzar las metas del ODS 16 requiere una
gobernabilidad efectiva mediante el apoyo a procesos de gobernabilidad democrática que permitan la:
- Generación de oportunidades de desarrollo socioeconómico y de participación significativa
- Oportunidades de transformaciones institucionales y mayor eficiencia en la respuesta a las demandas ciudadanas
- Mejores oportunidades de convivencia pacífica libre de conflictos y seguridad ciudadana
El
Grupo de Trabajo de Naciones Unidades sobre las Empresas y los Derechos Humanos en sus diferentes visitas de países en la región (
Brasil,
Honduras,
México y
Perú) ha puesto énfasis sobre la situación alarmante de conflictividad social relacionada a las actividades empresariales, en su mayoría megaproyectos. El Grupo, también ha manifestado que, tanto las comunidades locales, incluidas las comunidades indígenas; como las empresas, han señalado la necesidad urgente de un marco institucional y normativo claro sobre la participación como elemento clave para abordar las causas fundamentales del conflicto social. Las lagunas actuales también tienen
consecuencias negativas para las empresas y los inversores, como los costos de la paralización de las operaciones, el daño a la reputación de las empresas y la retirada de la financiación por los inversores.
Estado y sector privado juegan un rol clave en la prevención de los conflictos. Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos precisan que puesto que el riesgo de violaciones graves de los derechos humanos es mayor en zonas afectadas por conflictos, los Estados deben de tratar de asegurar que las empresas que operan en tales contextos no se vean implicados en abusos de este tipo. Para ello, y entre otras medidas, los Estados deben de colaborar en la fase más temprana posible con las empresas para ayudarles a determinar, prevenir, y mitigar los riesgos que entrañen sus actividades y relaciones empresariales parta los derechos humanos. En otras palabras, deben alentar a las empresas a actuar con debida diligencia.
Ello implica, tal como indica el
informe de 2018 del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos
humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, y como fuera reafirmado ese mismo año en el
Foro Anual de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que las empresas deben (a) identificar y evaluar los impactos adversos reales o potenciales que sus actividades puedan tener sobre los derechos humanos; (b) integrar los hallazgos de las evaluaciones de impacto en todos los procesos de la empresa; (c) hacer un seguimiento de la eficacia de las medidas adoptadas, y (d) comunicar de qué manera la empresa responde a los efectos adversos y demostrar a las partes interesadas —en particular a las afectadas— que se han dispuesto políticas y procesos adecuados para la aplicación del respeto de los derechos humanos en la práctica.
Actuar con debida diligencia requiere, entonces, procesos de consulta, plataformas interinstitucionales de diálogos con inclusión activa de las personas y comunidades potencialmente afectadas ayudan a prevenir y abordar la conflictividad social.
La Guía de la OCDE de Diligencia Debida para la Participación Significativa de las Partes Interesadas en el Sector Extractivo proporciona más información de cómo esa participación significativa puede ser incorporados en los procesos de debida diligencia en el sector extractivo. El Informe
“Comités de Monitoreo Ambiental Participativo en Contextos Mineros: Lecciones a Partir de Nueve Estudios de Casos en Cuatro Países de Latinoamérica” (Argentina, Bolivia, Panamá y Perú) demuestra que el diálogo funciona. Además el Infome de la CEPAL y del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (
FILAC) –
los pueblos indígenas de America Latina – Abya Yala y la agenda 2030 para el desarrollo sostenible: tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial , ayuda en plantear unos de los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas en esa cuestión.
Bajo los lineamientos de la Década de Acción
[1]: El futuro de las empresas y los derechos humanos para la gente, el planeta y los objetivos de paz, esta sesión tiene el propósito de contribuir a la conversación sobre el respeto de derechos humanos desde experiencias concretas del sector privado, de los gobiernos y de las comunidades afectadas Empresas y en particular:
- Reflexionar sobre prácticas de responsabilidad empresarial y su impacto en la reducción de conflictos y la aceleración de la implementación de la Agenda 2030.
- Compartir perspectivas para acelerar los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos en el Decenio de Acción a partir de los aprendizajes de las instituciones de gobierno, las empresas y la participación de la ciudadanía.
- Contribuir a reflexionar sobre la prevención de los abusos de los derechos humanos relacionados con la actividad empresarial que será el tema central del Foro Anual de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos 2020.
